La ley se hizo para cumplirla, nos enseñaron en las clases de educación cívica en el colegio.
Esas se acabaron, ya no están en el pensum.
Será por eso que ahora la gente piensa que la ley se hizo para burlarla, para darle la vuelta.
Hace ya muchos años recuerdo una conversación con mi padre en que alguien comentó que contratar a cierto prestigioso abogado penalista era prueba de culpabilidad.
Tenía en efecto el mentado abogado la reputación de cuadrar la vaina para que a uno no lo metieran a la cárcel. Era amigo de los secretarios de los juzgados de instrucción, y de los jueces. Hospitalizaba clientes, cobraba honorarios en efectivo y por adelantado para cuadrar la vaina.
Esa costumbre, que en ese tiempo la gente decente consideraba inaceptable, siempre fue y siempre será contraria a la ética.
En la jerga bogotana esos personajes tienen nombre, son, o eran, los tinterillos. Unos siniestros personajes que se paseaban por los juzgados arreglando problemas, aplazando audiencias, desapareciendo expedientes.
Sin embargo, existía entonces, una justicia recta, jueces probos, tribunales incorruptibles y despolitizados. No había carruseles de pensiones, no había magistrados con cuotas burocráticas, ni cabezas de los entes de control y vigilancia repartiendo esas cuotas.
Se mantenía, como en desafortunada pero muy certera intervención sostuvo Julio César Turbay, la corrupción en su justa medida. Hay madres, recuerdo como nos rasgamos las vestiduras con semejante salida del Harmano Gulito, como le decía Klim.
Es triste darnos cuenta que Colombia estaría muchísimo mejor si hubiéramos sido capaces de mantener la corrupción en su justa medida.
Es que se nos salió de todos los límites.
No tenemos infraestructura, ni hospitales, ni seguridad social, ni salud, porque la platica se la robaron.
Tampoco tenemos justicia porque con la platica que se robaron han ido comprando y corrompiendo el sistema judicial.
Han surgido en Colombia unos abogados de muy alto perfil, que defienden a los más siniestros personajes, y a otros menos siniestros que sin embargo están llamados a responder por siniestras actuaciones.
Son abogados multimillonarios, con mansiones y yates, onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Cobran honorarios multibillonarios que se distribuyen generosamente para aceitar la maquinaria que ellos han diseñado para trabar la acción de la justicia.
En el mejor espíritu de la cosa nostra tienen en su lista de contactos magistrados y jueces que “les deben un favorcito” y otros sobre los cuales tienen suficiente información que les permite hacerles una propuesta a la que no pueden decir que no.
Veamos tan solo cuatro casos de alto perfil.
Con la ayuda de Julio Gómez y de Emilio Tapia, los hermanos Moreno se robaron a Bogotá. A punta de enredos, entuertos, trampas y falsos testimonios, el pull que defiende a los hermanitos Moreno ha logrado que pasados tres años y medio no se haya producido condena alguna contra Samuelito. Mientras los dos delincuentes, Gómez y Tapia, son ahora testigos de lujo para la defensa de Petro.
Contando con la inocencia y la voracidad de inversionistas y ahorradores los accionistas y propietarios del tinglado conocido como Interbolsa, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado se robaron miles de billones de pesos. Con la complicidad de los administradores de las empresas de ese holding que llegó a controlar el 35% del mercado accionario colombiano, mediante toda clase de operaciones ilegales se apropiaron de los recursos de los ahorradores.
Sus abogados se han dedicado a utilizar cuanta “herramienta jurídica” está a su alcance, tutelas, demandas, amenazas, para que estos no tengan que responder ni ante la justicia ni ante la sociedad por sus fechorías.
El 31 de Octubre de 2010, unos niños ricos universitarios, que andaban en camionetas de alta gama, con guardaespaldas y todo, acaban involucrados en la muerte de uno de sus compañeros.
Nace uno de los procesos judiciales más sonados de los últimos años. El caso Colmenares.
Han pasado tres largos años. No hay condenas.
Los abogados de los presuntos implicados, en lugar de dedicarse a demostrar su inocencia, que es lo que la sociedad y la justicia esperan de ellos, a punta de recusaciones, de acusaciones, de manejo de unos medios amarillistas, han logrado entorpecer la acción de la justicia.
Para rematar está el caso del alcalde Petro, cuyos abogados, incapaces de demostrar que el señor alcalde no cometió la faltas gravísimas que los investigadores de la Procuraduría le han endilgado, se han dedicado a buscar cuanto recurso exista para enredar el proceso.
Uno quisiera poder decir a ciencia cierta si los señores Gómez, Tapia, Moreno y demás participantes en el carrusel de la contratación son culpables o inocentes.
Uno quisiera saber si el señor Ortiz y el señor Maldonado son unos estafadores de cuello blanco o si son las víctimas de un entramado de corredores de bolsa inescrupulosos.
A uno le gustaría ver a los presuntos implicados en el caso Colmenares, condenados y pudriéndose en la cárcel si son culpables o libres, estudiando y preparándose para construir una Colombia mejor si son inocentes.
A uno le gustaría ver a Bogotá administrada por un alcalde dedicado a gobernar. Que sea Petro si demuestra que el Procurador se equivocó o que sea su reemplazo si se demuestra que el Procurador no se equivocó.
A uno le gustaría una justicia que condene a los culpables y los obligue a pagar por sus delitos y por sus faltas, y que deje libres y con sus nombres y honras intactos a los inocentes.
Lo que tenemos hoy en día, un grupo de presuntos implicados en toda clase de atrocidades, medio presos y medio libres, sin que hayan sido juzgados.
Lo que tenemos hoy en día, un sistema judicial inundando de procesos interminables que acumulan recusaciones, acusaciones, tutelas, demandas y contrademandas.
Lo que tenemos hoy en día, sonados caso que se esfuman porque los expedientes desaparecen como por arte de magia.
Lo que tenemos hoy en día es lo que me hace añorar la desafortunada frase del Harmano Gulito y las clases de educación cívica.
