La JEP ha publicado un documento en el que anuncia “La Estrategia de Priorización dentro del Caso 03 conocido como Los Falsos Positivos”.
La otra cara de las monstruosidades cometidas por los actores del conflicto, esta vez las fuerzas militares del Estado colombiano. Entre 2002 y 2008, que es el periodo en que la JEP ha centrado su atención fueron asesinadas 6.402 personas. Y eso es lo que van a investigar.
Repito a INVESTIGAR
En días pasados la JEP imputó a ocho excomandantes de las FARC, en el caso 01, “Toma de Rehenes y graves privaciones de la libertad”, por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Decisión aplaudible y aplaudida.
Estas dos decisiones de la JEP marcan, creo yo, su esencia. Se trata por sobre todo de conocer la verdad como elemento esencial para la justicia y la reparación. Y para conocer la verdad el mecanismo de la justicia transicional establece un esquema sancionatorio que premia esa verdad con sentencias y castigos más leves si e quiere. A la hora de la hora todo se concentra en lograr que quienes ordenaron, planearon y ejecutaron las operaciones que resultaron en la comisión de graves delitos, se presenten a la JEP a contar esa verdad, a comprometerse con la no repetición y a reparar a las víctimas.
Para lograr ese objetivo la JEP debe escuchar todos los testimonios, los de las víctimas y las de los victimarios, y así ha actuado.
Las víctimas de los horrendos casos de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad le contaron a la JEP sus versiones, así vimos a las víctimas más notables como Ingrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, y muchos otros relatando el horror de sus experiencias. Sus historias eran conocidas por los colombianos, nadie las podía negar. Pero sus testimonios sobre las condiciones de sus cautiverios fueron los que llevaron a la JEP a cambiar el concepto de retenciones al de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.
Las víctimas de los “falsos positivos” no vivieron para contar. Pero sus familiares sí. Ante un gobierno y unas fuerzas militares cuyo propósito fundamental era negar, el recurso que le quedó a esos familiares fue acudir a ONGs defensoras de derechos humanos y otros escenarios a contar su verdad. Luego de escuchar y confrontar todas las versiones, la JEP anuncia una estrategia de investigación para conocer la verdad sobre la desaparición forzosa y el asesinato de 6,402 colombianos y colombianas.
Timochenko y muy seguramente ninguno de los otros siete imputados fueron los que les pusieron las cadenas a los rehenes y los encerraron en esas terribles enramadas dignas de un campo de concentración. Sin embargo, ellos tienen que responder y están respondiendo. A eso le dicen línea de mando.
La comisión Varech II, la comisión del a verdad que se creó en Chile para establecer los hechos, reportó en 2011, que durante la monstruosa dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, diecisiete años, fueron asesinadas o desaparecidas más de 3,000 personas. Me suena que 6,402 es también más de tres mil y que 6 años es menos que 17.
El documento de la JEP, que no es como en el caso No 01, un auto formal de imputación sino una estrategia de investigación es claro y contundente. Como los muertos no pueden hablar y contar como fue, los diferentes testimonios obtenidos por la JEP con autores de los asesinatos, con familiares de las víctimas y con organizaciones que vienen de tiempo atrás ocupándose del tema le permiten a esta entidad estimar que entre 2002 y 2008 fueron desaparecidas y asesinadas 6,104 personas, que los autores de esta matanza fueron miembros de las fuerzas armadas, y que los mataron para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combates.
Sin entrar en discusiones políticas o ideológicas, hay que establecer que el Estado colombiano, representado por el gobierno de Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo FARC-EP, pactaron en 2016, en un acuerdo firmado en el Teatro Colón que el tribunal para la aplicación de la Justicia Transicional es la JEP. Ese tribunal avalado por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional ha decidido que va a investigar a fondo la desaparición y el asesinato de 6,402 colombianos de lo que se acusan a miembros de las fuerzas armadas del Estado colombiano.
Entre 2002 y 2008, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe. Sus ministros de defensa fueron cuatro, Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y Juan Manuel Santos. Ellos cinco, así como los comandantes de las fuerzas militares y del ejército que a ellos reportaban tienen la obligación con los colombianos, con las víctimas y con eso que llaman “la historia” de presentarse a la JEP y contar la verdad. Así de simple.
De nada sirven los ataques contra la JEP que han venido esgrimiendo el caudillo del Ubérrimo y sus áulicos, encabezados por la paloma de la guerra. De nada sirven la palabras desafinadas e insultantes, no para con la JEP, sino para un país que quiere pasar la página, del comandante del ejército. La JEP no tiene la culpa de que entre 2002 y 2008 se haya asesinado sistemáticamente a miles de jóvenes para mejorar las cifras de la seguridad democrática.
Ahora entiende uno porqué la extrema derecha uribista prefiere la guerra a la paz. Ahora entiende uno porque desde el comienzo mismo la extrema derecha uribista quiere hacer trizas la JEP. Ellos si saben que el que tiene rabo de paja no se debe acercar a la candela. Y ellos saben que mientras quieran seguir rigiendo los destinos de Colombia se seguirán acercando a la candela, a menos que la apaguen. Y todos sabemos que para apagar la candela lo mejor es taparla.
Acallar la JEP o deslegitimizarla no les devolverá la vida a 6,402 colombianos. En cambio, que se conozca la verdad, que haya justicia, reparación y compromiso de no repetición si sanará muchas heridas. Uno creería que los “delincuentes” de las FARC así lo han entendido, ojalá otros sigan el camino.
