Como decía un amigo mío, amanezco sentado en un charco, anonadado. El caso de la interrupción del embarazo de una mujer que llevaba siete meses de gestación en Popayán es desconcertante por decir lo menos. A mi me parece que fue un vil asesinato. Un feto de siete meses de gestación es perfectamente viable, existe una palabra “sietemesino” que describe a los niños y niñas nacidos después de la semana 28 de la gestación. Los sietemesinos, como mi hija de quien me siento profundamente orgulloso, se crían y se crían muy bien.
Entre 1986 y 2002 estuve vinculado, primero en Profamilia y luego en la dirección de un programa internacional de mercadeo social de anticonceptivos, al mundo de la salud reproductiva. Siempre he pensado y así lo he manifestado abiertamente que la mujer tiene pleno derecho a decidir sobre lo que sucede con su cuerpo, incluyendo la difícil decisión de interrumpir un embarazo no deseado.
Entiendo a quienes por posiciones de diferente índole, morales, éticas y aún biológicas se oponen a la práctica de la interrupción del embarazo. Pienso que siempre debe ser el último recurso. La realidad nos demuestra que ese último recurso es muy frecuente sencillamente porque muchas mujeres se encuentran ante la penosa realidad de un embarazo no deseado. Y ante esa realidad, desde una perspectiva de salud pública es indispensable que esas mujeres tengan acceso a servicios de salud que les permitan ejercer ese derecho en las mejores condiciones posibles.
Muy a la colombiana, ante la incapacidad de nuestros legisladores de enfrentar el asunto con valentía, estamos sometidos a una típica leguleyada. A falta de legislación:
“La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está permitida en Colombia desde hace 13 años por la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, que estableció las tres causales por las cuales las mujeres pueden acceder a él a través del sistema de salud: cuando peligra la vida o la salud de la madre; cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida; y cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida”
Nuevamente, muy a la colombiana, ante la ausencia de legislación se extrapola el Caso en que “peligra la vida o la salud de la madre” arguyendo, como en el caso de Popayán, presuntos problemas de salud mental insalvables. Y ahí viene el enredo. La segunda y tercera causal son obvias pero la primera da para toda clase de interpretaciones.
Profamilia, en esa interpretación “flexible” de la jurisprudencia de la Corte, llevó a cabo el procedimiento y se prestó, por razones ideológicas y posiblemente por presiones de grupos de interés al asesinato de un feto de siete meses de gestación.
No son consuelo las declaraciones de la directora general de una institución que admiro y respeto. En su deseo de acomodar la jurisprudencia sostiene que se cumplieron todas las condiciones y que la Corte no pone un límite a la edad gestacional del feto para la práctica del aborto. Lo que sucede es que en este galimatías los defensores a ultranza del derecho a decidir han resulto que la sentencia de la Corte es legislación y no jurisprudencia. La legislación se aplica, la jurisprudencia se interpreta. Mi interpretación es que la corte ha dicho que no se puede penalizar a una mujer que se practique una interrupción de su embarazo si se cumple una de las tres causales. No creo, como parece pensar Profamilia que la sentencia de la Corte le permita a la una institución decidir cuando se aplican las causales y proceder en cualquier momento
Se escondieron detrás de la nebulosa razón y procedieron.
“Yo psicológicamente no me encuentro bien, lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando. En la clínica me dicen que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo. Ellos ya autorizaron el aborto. A mí la ley me acoge”, sostuvo la mujer a quien se le practicó el cuestionable aborto.
¿Alguien pensó en la posibilidad de acompañar a esta confundida mujer por un par de semanas más e inducir un parto o practicar una cesárea para garantizar la vida de ese ser que ya la tenía?
En la clínica de Profamilia le dijeron que no estaba preparada para seguir con el embarazo y sás le sacaron el chino. Horror.
Este terrible episodio le da fortaleza a los argumentos en contra de la libertad de escoger que tienen y deben tener las mujeres. La mujer a quien le practicaron el aborto estaba confundida, no decidida. Si como dice ella desde el comienzo ella no quería ese embarazo ¿porque esperar siete meses?
En su afán por defender no sé que posiciones ideológicas equivocadas Profamilia hizo más en contra del aborto libre, legal y seguro que los discursos y manifestaciones de quienes se oponen radicalmente al ejercicio de ese derecho. Perdió el norte una institución que por años y años defendió los derechos fundamentales de las mujeres a decidir sobre su reproducción.
Ahora surge un absurdo asunto. Ante la inexistencia de legislación, la Corte está por emitir un fallo, que según se dice en los medios de comunicación, garantizará el derecho a practicarse un aborto libremente a cualquier mujer. Me lleno de dudas.
Lo que se requiere es una legislación que establezca con claridad que el ejercicio de ese derecho es legal y que determine unas condiciones fundamentales, como en la mayoría de los países civilizados en donde el aborto es libre y legal, condiciones que deben establecer entre otras un limite a la edad gestacional del feto. Y punto.
Practicar un aborto a una mujer que lleva siete meses de embarazo es un crimen. Ella no tiene la culpa, la convencieron de que podía abortar porque a quienes miran este asunto desde posiciones ideológicas extremas les convenía “ganar esta batalla”. No se dieron cuenta que la están perdiendo por irse a los extremos.
