Hace un año escribí una columna en dos entregas titulada “La toma, la Chapuza y a Tapar” que se refiere a los hechos que los colombianos llaman el holocausto del Palacio de Justicia. Esa columna refleja mi versión de los hechos y mi opinión.
Creí que ese era tema cerrado, prueba superada.
Estaba equivocado, no era posible que cumpliéndose 30 años de la toma, no apareciera alguna sorpresita.
En un acto típico de su carácter oportunista y de su poco apego por la justicia, el fiscal Montealegre anuncia que va a investigar para determinar si los ministros que conformaban el gabinete en 1985 cometieron el delito de prevaricato por omisión.
En mi calidad de Secretario de ese Consejo de Ministros, que estuvo presente en la Casa de Nariño desde el momento mismo de la toma no tengo más que un solo comentario: ¡El fiscal es un bellaco!
En respuesta a una instrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente de los colombianos pidió perdón en nombre del Estado por los excesos de la fuerza pública en la retoma, o sea por la Chapuza de la fuerza pública.
El pedido de perdón me parece incompleto a menos que los verdaderos causantes del holocausto, los miembros del M19 también pidan perdón.
En El Tiempo del Sábado en entrevista con Yamid Amat, Yesid Reyes, el hijo del inmolado Alfonso Reyes Echandía, entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, da a entender que su padre sabía que “algo iba a pasar en la primera semana de Noviembre”.
No es la primera vez que nos cuentan que Pablo Escobar y los “extraditables” estaban detrás de ese episodio.
El M19 le vendió la cabeza de los magistrados que como dice Reyes estaban determinados a aprobar la extradición.
Cito a Reyes:
Lo que pasaba es que tanto mi padre como todos los magistrados de la Corte de esa época estaban amenazados de muerte si no cambiaban su concepción sobre la extradición y alteraban la forma de llevar la jurisprudencia. “Cueste lo que cueste, la extradición se mantiene”, decían, y sabían perfectamente que arriesgaban la vida.
En lugar de lanzar al país en una oportunista cacería de brujas, que para mi sorpresa apoya una periodista que respeto, como Sandra Boda quien dice que es importante que la ministra de comunicaciones de la época explique por qué intentó acallar a los medios, pienso que es indispensable que Antonio Navarro, Gustavo Petro, Oti Patiño y Vera Grave le aclaren a los colombianos de una vez por todas en qué consistió el acuerdo con Pablo Escobar y de una vez nos cuenten qué hizo el EME con la plata que les pagó Escobar por matar a los magistrados.
Ya es hora de saber la verdad, el 6 y 7 de Noviembre de 2005 Pablo Escobar mandó matar a unos magistrados y los sicarios eran guerrilleros.
Después vinieron la debacle, el holocausto, la chapuza y las mentiras.
