A mí me parecía muy extraño que de buenas a primeras el congreso de Colombia (se le debería decir el Honorable Congreso, pero no merece ni el honor ni la mayúscula como maduro el de Venezuela) estuviera estudiando un proyecto de Ley que reglamentaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Obviamente la iniciativa no podía venir de ese congreso cuya única iniciativa propia fue la de travestir, para su propio beneficio, la reforma a la justicia y cerrarle la puerta a una de las más necesitadas modificaciones de nuestro régimen jurídico.
No, el congreso estaba respondiendo a una orden de la Corte Constitucional que determinó que antes del 25 de Abril de 2013, debía legislar sobre el tema.
Lo lógico para el congreso hubiera sido aceptar la determinación de la Corte y crear un mecanismo legal que le dé a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que tienen las otras parejas, pero no, se tenían que meter los moralistas.
Iniciado el debate, encabezó la cruzada moralista el señor procurador (otro que perdió el derecho a la mayúscula) general de la Nación.
Según nuestra vigente constitución, la procuraduría es una entidad garante de derechos. Esa es una de sus funciones. Nada, el procurador, con su escudera, la delegada para la infancia y la familia se fueron lanza en ristre en defensa de la moral, a impedir que la Nación, esa a la que juraron servir en un marco garante de derechos, le garantizara un derecho fundamental a las personas que expresan una preferencia sexual por personas de su mismo sexo.
El procurador defendía la moral. No la moral que indica que uno no nombra a los familiares de los congresistas cuyos votos necesita para reelegirse. Tampoco la moral que indica que no se ve bien la presteza con que condenó a Piedad Córdoba y la lentitud con que ha actuado en muchos otros casos. Él defendía la otra moral, la que considera inmoral exigir que se castigue a todos los jerarcas de la Iglesia que taparon los escándalos de pederastia y que protegieron, trasladaron y escondieron a los pederastas.
Se le unió el senador Roberto Gerlein, a ese le reconozco carácter. Él basó su argumento en que el sexo homosexual le parece sucio. Utilizó el término “sexo escatológico”. Pobrecito, él no sabía que las mujeres homosexuales también tienen relaciones sexuales.
En la defensa de “la moral” también se unió el partido conservador (otra mayúscula que se perdió). Ese partido cuya activa participación casi saca adelante la reforma la justicia, en el que uno de sus más prestigiosos dirigentes posee y administra una cadena de moteles y cuyas contribuciones al gobierno de la seguridad democrática fueron Agro Ingreso Seguro y el saqueo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
En el lado opuesto se ubicó en primera fila lo que llaman la comunidad LGBT con el deslucido y cuestionado alcalde (otra mayúscula que se fue) Petro y su equipo como columna de apoyo. Esa comunidad radicalizada expresa la rabia que sienten los más duros militantes de la causa gay. Petro, hay que reconocerlo ha sido un abierto defensor de la causa LGBT. El radicalismo de unos y lo opaco del otro poco contribuyeron al debate.
Unos y otros empezaron a comportarse como las consabidas barras bravas de la política. Se convirtieron en grupos ruidosos y radicales que alienaron a muchas personas, mucho más moderadas pero con convicciones tan o más sólidas a favor y en contra de la iniciativa.
Para la jerarquía de la Iglesia Católica el acto de amor entre dos personas del mismo sexo es intolerable, inmoral, sucio, pecaminoso. No tengo argumentos para discutirla pues no me creo con suficiente bagaje teológico para cuestionar esa concepción de moral. Me parece que la Iglesia Católica tiene todo el derecho a prohibir el matrimonio católico entre homosexuales, allá verá esa Iglesia que hace con los homosexuales que profesan la fe católica. Una advertencia, a la Iglesia Católica no le parece moral el uso de anticonceptivos modernos, precepto que los católicos del mundo entero llevan treinta años pasándose por la faja.
Lo que me preocupa, lo que me molesta es que la jerarquía de la Iglesia y personas como el procurador y sus seguidores pretendan imponerle a un Estado laico esa lección de moral católica. El hecho que el partido conservador haya salido a defender los principios “cristianos” para negarles un derecho a sus conciudadanos homosexuales me produce asco.
La radicalidad de la comunidad LGBT me da tristeza porque le genera una innecesaria animadversión por parte del resto de la ciudadanía y el desconocimiento de su situación de marginación y de persecución.
Los periodistas que resolvieron cazarle la pelea al procurador en lugar de esgrimir argumentos en defensa de sus posiciones ideológicas aplicaron la máxima del programa de Caracol, LA Luciérnaga “Arriba Rating”.
En medio de tal radicalización temas más profundos nunca salieron a flote.
No se habló por ejemplo de la estabilidad de las parejas homosexuales contrastada con la profunda crisis del matrimonio.
No se habló de las estadísticas de maltrato familiar entre parejas homosexuales, una vez más, contrastadas con las mismas estadísticas de las otras parejas.
Ganaron los moralistas.
Afortunadamente la Corte había más o menos blindado los derechos de las parejas del mismo sexo al ordenar que si el Congreso no legislaba, jueces y notarios quedan obligados a garantizar esos derechos que nuestro torcido congreso pretendió negar.
Yo no soy homosexual, pero si lo fuera como que preferiría que mis derechos me los protegiera la Corte Constitucional y no un congreso con el prontuario del que hoy rige los destinos legislativos de Colombia.
Me daría pena celebrar un matrimonio amparado por una ley que tuviera la firma de Roy Barreras y de los senadores conservadores de hoy en día.
