En algunas ocasiones, ante problemas o circunstancias que parecen desbordarnos, los seres humanos y las sociedades que conformamos, nos preguntamos ¿y esto?
Ante la crisis desatada por la acusación inicial de un magistrado de la Corte Constitucional en contra de otro de la misma corte, muchos colombianos nos estamos preguntando ¿de cuándo a dónde llegamos a este horror?
En mis reuniones chismográficas de la semana pasada, una frase recurrente era, “pero si eso lo sabía todo mundo”, pues todo mundo ¡no!, porque yo no tenía ni idea.
Un amigo contaba, mondo y lirondo, “ a nosotros Pretelt nos pidió doscientos millones de pesos por seleccionar una tutela y como no se los pagamos hizo un salvamento de voto en contra nuestra”.
Desde la primera acusación se ha ido acumulando un expediente que muestra al honorable magistrado como un horrible delincuente.
Vendedor de sentencias y decisiones, traficante de influencias, usurpador de tierras, desplazamiento forzado, concierto para delinquir.
De la nada, aparecen acusaciones en contra de la esposa del honorable magistrado que trabaja con el Procurador y guardián de la fe.
¡Erda! Dirían los coterráneos de Pretelt.
Semejante joyita, con prontuario criminal de varios años logró ascender y ascender y ascender hasta llegar a ser el Presidente de la Corte Constitucional.
La Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes, la que no vio el elefante, investiga.
Los congresistas que nunca cuestionaron la inclusión de Pretelt en la terna cuando se convirtió en magistrado, hace seis años, si seis años, ahora le piden a renuncia.
Sus colegas de la Corte, los que hace seis meses lo eligieron como presidente, se rasgan las togas y exigen su retiro inmediato.
El Fiscal General de la Nación, de pronto descubre que hace diez o más años, el Presidente de la Corte Constitucional a quien él fue a visitar para exponerle sus teorías sobre justicia transicional y penas alternativas, ese mismo ha cometido delitos de lesa humanidad.
¿Y entonces?
¿Qué hubiera pasado si el magistrado Mauricio González se queda callado y si el abogado Víctor Pacheco también?
González denuncia que Pacheco le contó que Pretelt pidió plata en nombre suyo. Y cataplúm!!!!!
El probo y elegido magistrado es un delincuente, las acusaciones se apilan, cuidadosamente, la fiscalía saca del sombrero un cargo diario. ¡Si del sombrero!
Lo grave de todo esto es que “todo mundo sabía” y sin embargo Pretelt llegó a la Presidencia de la Corte Constitucional.
Entonces, me pregunto, ¿para qué carajos sirve la renuncia de Pretelt? ¿Para tapar el escándalo real?
Me pregunto ¿Si la fiscalía conocía del despojo de tierras, por qué hasta hoy acusa a Pretelt y a su esposa?
Me pregunto ¿Si todo mundo sabía del tráfico de influencias denunciado hace un par de días, por qué Pretelt y sus compinches llegaron hasta donde llegaron?
El señor Jorge Pretelt y su esposa merecen que los colombianos presumamos su inocencia hasta que la justicia pruebe que son culpables.
Pero, los demás magistrados, los que lo eligieron y sabían, tienen mucho que explicar.
Ni qué decir del fiscal, que nos tiene que explicar ¿Por qué de la noche a la mañana descubrió que Pretelt era un usurpador de tierras., descubrió o encubrió y le tocó descubrir?
Parecería que lo único que no resuelve esta crisis es lo que todo el mundo anda pidiendo a gritos, la renuncia de Pretelt. Eso es como llegar a la casa, encontrar a su pareja en full recocha en el sofá y vender el sofá.
No, la calentura está en otra parte. ¿Por qué no empezamos a pensar que este tipo de crisis no se resuelve sino poniéndole cortapisas al poder de ciertas instituciones y de ciertas personas?
Hace años muchos analistas se quejan del inmenso poder que le dio a la Corte Constitucional el derecho que se abrogó la misma corte de revisar por la vía de la tutela las sentencias y decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
El caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el caso de SALUDCOOP y del amigo del fiscal el señor Palacino, la persecución en contra de la contralora Sandra Morelli han demostrado que el exceso de poder en cabeza de la fiscalía y del propio Fiscal General no son sanos, ni para el fiscal ni para la justicia.
A ver si ahora si le entramos en serio a la reforma de la justicia.
De pronto lo que sugiere la revista Semana tiene todo el sentido del mundo
