La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación colombiana, hace un par de horas ha dejado en firme la sanción disciplinaria aplicada al Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital, el señor Gustavo Petro.
Queda pues confirmada la orden de destitución y la inhabilidad por quince años.
En aplicación de la Constitución Política de Colombia, el Procurador General de la Nación, elegido y re elegido por el Honorable Senado de la República de Colombia, investigó las conductas resultantes de los actos administrativos y contractuales que el señor Petro en su calidad de Alcalde Mayor llevó a cabo en Diciembre de 2012 para imponer un nuevo modelo de recolección de basuras en la ciudad.
El Procurador encontró al señor Petro administrativamente responsable de haber incurrido en tres faltas gravísimas y le aplicó la sanción que ordena el Código único Disciplinario que rige las actuaciones de todos los funcionarios públicos, de elección popular, de libre nombramiento y remoción o de la carrera administrativa.
La Sala Disciplinaria estudió la reposición presentada por los abogados del señor Petro considerándolos insuficientes.
Hasta ahí la noticia.
El ordenamiento jurídico de las naciones debe regir para todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos que se someten a ese ordenamiento jurídico deben aceptar todas sus consecuencias.
Cuando el alcalde Petro juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, aceptó entre otras cosas que si metía las patas, como las metió, sería sujeto de la acción disciplinaria de la Procuraduría en el marco ordenado por la Constitución que juró cumplir y por las leyes, el Código Disciplinario Único, que juró defender.
La Constitución determina que el Procurador es el responsable por la vigilancia administrativa de los funcionarios públicos.
La Corte Constitucional ha señalado que el Procurador si puede investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular.
El Procurador investigó unas conductas y ha ordenado la destitución de Gustavo Petro. La Constitución ordena que quien debe ejecutoriar la orden de destitución es el Presidente de la República.
Esa es la ley.
Mientras tanto Gustavo Petro y varios congresistas de izquierda entre ellos Iván Cepeda han resuelto que dado que la ley no les da más recursos, van a subvertirla. Están llamando a un alzamiento popular en contra de un fallo, de pronto injusto, de pronto excesivo, pero un fallo en derecho.
Se han inventado que la destitución es un golpe de estado con un gobierno popularmente elegido.
¿De dónde sacan semejante barbaridad?
Primero que todo que yo sepa Bogotá no es un Estado. Además el Alcalde no es un jefe de Gobierno, es un Alcalde. O sea golpe de estado no ha habido.
Se están inventando que la destitución es un acto en contra del proceso de Paz.
Lo que va en contra del proceso de paz es que un guerrillero desmovilizado asuma que porque es un guerrillero desmovilizado tiene patente de corso para pasarse por la faja el ordenamiento jurídico.
Lo que va en contra del proceso de paz es que la izquierda colombiana resuelva que las decisiones de las instancias que componen el régimen de derecho colombiano son inaceptables cuando a ellos se refieren.
El senador Iván Cepeda, hace un par de meses exigió la actuación de la Procuraduría en el caso de un Gobernador y ahora se rasga las vestiduras y tuitea “vamos para la Plaza de Bolívar”, imagino que no será a aplaudir la decisión del Procurador.
¿Cómo es posible que todo un miembro del Congreso llame a la subversión?
Qué ganas de pactar con la insurgencia de izquierda ilegal nos van a quedar si la izquierda legal llama a la insurgencia porque una decisión no le gusta.
¿Al fin qué, paz o insurgencia?
Varios requesones han estado dedicados al tema Petro. En uno de ellos planteé que me parecía excesiva la sanción. Me sigue pareciendo.
Pero yo no soy el Procurador, la ley no me ordena a mí que califique una falta de leve, grave o gravísima.
Al Procurador sí.
Y el Procurador estableció, verdad sabida y buena fe guardada, que las faltas cometidas por Gustavo Petro eran gravísimas. PUNTO.
Establecida la gravedad de las faltas, es el régimen disciplinario, el mismo cuyo respeto y aplicación exigen Petro y sus aliados cuando se trata de los actos de funcionarios que no sean de izquierda.
Ante la actitud de la izquierda, ellos están perdiendo toda autoridad moral para exigir, como lo hacen por mucho menos, investigaciones disciplinarias en contra de quienes consideran sus enemigos.
Lamentable espectáculo se proponen dar Petro y sus aliados al convocar a una ocupación permanente de la Plaza de Bolívar para protestar contra el ordenamiento jurídico.
¿Pretenden acaso reformar la Constitución desde la plaza pública?
¿Pretenden exigirle al Presidente de la República que viole la Constitución y que ponga en riesgo la institucionalidad y la gobernabilidad?
Quienes creemos en el imperio de la ley debemos exigir que se ejecute la sanción y que se tomen todas la medidas para detener los intentos de subvertir el Estado de Derecho.
No es tiempo de cuestionar el ordenamiento jurídico vigente, es tiempo de respetarlo y de defenderlo.
