Se cansa uno de remachar lo que está sucediendo en La Guajira, entre otras cosas porque viene sucediendo desde siempre. Fue un departamento rico en la bonanza del Carbón. Fue un departamento rico antes de que los políticos se robaran y aniquilaran las salinas.
El departamento está saqueado. Uno tras otro gobernadores y gobernadoras van cayendo por sus delitos, presos, detenidos, condenados, procesados, todos reos, todos con magníficos avales de los partidos, especialmente del partido del vicepresidente y de la familia Char.
Los delfines del antiguo Nuevo Liberalismo, Galáncito y Larita se inculpan mutuamente, su jefe se hace el pendejo y sigue inaugurando casitas y mega proyectos de infraestructura en plena campaña presidencial con los recursos del Estado, cual político guajiro.
En noviembre de 2016, sin embargo, les ganó Wilmer González, el otro, el candidato de una coalición entre el partido de la U y el partido Conservador, derrotando al partido del vicepresidente. Se posesionó rápidamente pues se trataba de una elección atípica para reemplazar a una gobernadora acusada de ordenar asesinatos entre otras bellezas.
Ha sido formalmente acusado por la fiscalía de fraude al elector y otros delitos conexos. Básicamente el tipo hizo lo que los políticos, los guajiros y los otros, vienen haciendo desde que hay elecciones por allá.
Hasta ahí nada sorprendente. Por mucho que les duela a mis amigos de la costa caribe, en esa región de Colombia la compra de votos es una práctica común y tradicional.
La “investigación” lleva una semana larga. Medio desapercibida ante el escándalo de los “aportes” a las campañas de 2014. Pero Caracol TV anda siguiendo de cerca el tema de la horrible situación el a Guajira y el Domingo en la noche volvieron a traer a cuento la acusación, formal de la fiscalía, contra el gobernador por fraude electoral.
Yo me he quedado boquiabierto al ver que los dos líderes del partido de la U los más santistas de los santistas, líderes del más santista de los partidos, Armando Benedetti y Roy Barreras salen a defender el aval que le dieron al gobernador y a tratar de crear un manto de dudas sobre las pruebas que presenta la fiscalía.
O sea, para estos dos asaltadores del erario público, les parece que las evidentes grabaciones no son pruebas contundentes para demostrar que el gobernador compró votos, con su aval.
Y los guajiros que lleven del bulto. Allá no hay corrupción son puras diferencias étnicas y culturales.
Es hora de que los colombianos exijan la salida de los políticos torcidos, de todos. Candidatos que no supieron cómo les financiaban sus asesores de comunicaciones, directores de partidos que avalaron a criminales como Oneida Pinto y Tico Gómez, congresistas untados de toda clase de porquerías, sospechosos, escondidos.
Hay que destapar la olla. Hay que sancionar la corrupción, pero hay que sancionar la complicidad. Si se comprueba que el Gobernador torció la elección quienes le dieron el aval deberían ser sancionados como cómplices del torcido.
Si la clase dirigente de este país sigue tolerando la presencia de esos personajes ladinos, dudosos, tapados, tarde o temprano la gente, aburrida, apoyará un proyecto populista y extremista, de un lado o del otro, o Chávez o Trump, que entre el diablo y escoja.
Flickr foto cortesía Axel Rouvin
