Sin miramientos, sin investigaciones exhaustivas, sin procuraduría, ni fiscalía, ni contraloría. El director de impuestos de los Estados Unidos, salió como pepa de guama, renunció, chao pescao.
Su pecado fue apretarle las investigaciones a las fundaciones de los grupos ultra conservadores del movimiento Tea Party. Es decir perseguir a los enemigos del Presidente Obama.
En Colombia ¿cuántos ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios, han cometido pecados mucho peores y ahí siguen tan campantes esperando que culminen las exhaustivas investigaciones que ni siquiera llegan a iniciarse?
¿Cuándo aprenderemos?
Empecemos por el elefante. ¿Cuánto le costó a Colombia la decisión de Ernesto Samper de aferrarse a una presidencia ilegítimamente obtenida?
Sigue en mi lista Andrés Felipe Arias quien en su desmedida soberbia no quiso aceptar que Agro Ingreso Seguro había sido un despropósito y en lugar de renunciar resolvió carear a la sociedad y lanzarse a la Presidencia.
A veces se me ocurre pensar que si hubiera renunciado para incorporarse a la vida civil sin tanta soberbia, es muy posible que hoy estuviera en libertad defendiéndose de las acusaciones. Pero como resolvió convertirse en el símbolo de un movimiento político, en el heredero del expresidente Uribe, nuestro desastroso sistema judicial lo mantiene en la cárcel más en revancha por ser uribista que porque, como dice el magistrado (otro que no merece mayúscula) sea un peligro para la sociedad y vaya a manipular a los testigos de su propia defensa. Inaudito.
Para nada justifico esa monstruosa persecución.
Es más, creo que es hora de exigir la libertad inmediata de Andrés Felipe Arias, que se defienda desde la libertad.
Está también Samuel Moreno, que se resistió a renunciar cuando ya se le había probado el horrible nivel de corrupción de su administración de Bogotá. Como resultado, la ciudad ya de por sí abandonada duró varios meses totalmente carente de administración.
El ministro de transporte del Gobierno anterior duró ocho años en el cargo y no construyó un pinche metro de carretera.
El alcalde Petro inundó la ciudad de basuras, quebró al empresa Aguas de Bogotá, se gastó un billonada de pesos en su empacho de pelear con los privados y sigue tan campante.
Es más, anuncia a través de su títere exsecretario de Gobierno que si lo destituyen habrá una primavera árabe en Bogotá.
El Gobernador de La Guajira es un delincuente y sigue, tan campante, abrazando al Presidente y, según parece, mandando matar periodistas.
Un candidato a llenar una vacante en la Corte Constitucional es sospechoso de evasión de impuestos y de tratos con paramilitares.
¿Qué pasa?
Lo eligen para ocupar la vacante y ahora es un flamante magistrado.
Un medio de comunicación presenta evidencia de que estafó a una viuda de Funza, y él, mondo y lirondo, dice que es una campaña de desprestigio, no se defiende, no explica. ¿Para qué, si ya está elegido?
En Colombia ya nadie renuncia. En otras latitudes, quienes incurren en faltas leves, graves o gravísimas, renuncian.
El Gobernador de Carolina del Sur, que se fue con una amiga de romance y dijo que estaba caminando por los montes Apalaches, le costó la renuncia y el ostracismo político por unos años. Para volver tuvo que hacer un acto público de contrición. Cuántos alcaldes y cuántos gobernadores se atascaron con la mermelada de las regalías y nunca renunciaron, hasta que los metieron presos.
En la Gran Bretaña el ministro de medio ambiente se vio envuelto en un escándalo porque le dijo a su esposa que asumiera la responsabilidad de una multa por exceso de velocidad y lo pescaron. Renunció.
El juicio y el carcelazo fueron posteriores. Aquí los tienen que ir a buscar en sus despachos o en sus curules para llevárselos presos, porque de pronto aprovechan el cargo para volarse y para comprar y manipular testigos.
No me sorprende, entonces, que hoy en día en Colombia, lo que no sea mediante sanción del procurador o investigación del fiscal no tiene castigo. Por eso, en muchos casos la sanción moral que imponen otras sociedades a los personajes públicos renunciados, en Colombia se sustituye con carcelazos costosos e injustos.
Para ejemplo el de Andrés Felipe Arias preso en la Picota por indelicadezas administrativas mientras los dos contratistas que han admitido haber coordinado el saqueo de nuestra capital se pasean mondos y lirondos o en el peor de los casos tienen la casa por cárcel.
