El reclutamiento de niños y niñas es un delito de lesa humanidad, no amnistiable. Así lo ha reconocido la comunidad internacional y así lo determina el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
Quien sabiendo de una conducta delictiva no la pone de conocimiento de las autoridades competentes incurre en el delito de “facilitación de conducta delictiva”. Así les ha pasado a los hermanos de Rafael Uribe y serán procesados por facilitar el secuestro de una niña de 7 años y si son declarados culpables pagarán una condena, así debe ser la justicia.
Desde el comienzo de las conversaciones de La Habana, y a lo largo de todo el proceso de negociación, de no ratificación, de realineación y de ratificación pupitreada, me he unido al coro de quienes exigíamos que las FARC entregaran a los niños que tenían en sus filas.
Ahora con el reduce fat fast, perdón el fast track, que traduce a “reduce debate fast”, el Nobel de la Paz y su coalición han creado la ley de amnistía para los guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Aplicando la misma porquería parlamentaria, encabezados por los asaltantes del presupuesto de la salud y la alimentación escolar en Colombia, los padres de la patria van a tramitar, desde hoy, la ley que crea la jurisdicción especial para la paz. Anoche veía que entre las “perlas” de esa fastraqueada, los ponentes proponen que sea el juez de conocimiento quien determine si los procesados, aún por delitos de lesa humanidad pueden participar en política mientras se completa el proceso o mientras cumplen su “condena”.
No los entregaron. No los van a entregar.
¿Por qué?
Porque en su inmenso cinismo, esos criminales saben que entregar los niños es reconocer que los reclutaron, que los explotaron, que los maltrataron y que los abusaron. Por eso, con la complicidad del Gobierno, confesada por el comisionado de Paz, se hicieron los pendejos y en un acto de estupro monumental, prometieron entregarlos y después de haber firmado y re-firmado, no cumplieron lo prometido.
Me consta que desde 1999, el ICBF tiene registros y testimonios de niños y niñas reclutados, muchos forzosamente, otros con engaños, por las FARC. Testimonios que hablan de participación en combates, de explotación, de abusos sexuales, de abortos forzados, y de asesinatos, o “ajusticiamientos”.
Me consta como les consta a todos quienes nos hemos ocupado por los temas de la infancia en Colombia que los líderes de las FARC promovieron e impulsaron esas prácticas para “aumentar el pie de fuerza”. “Se llevan al mayor de los niños y a las niñas que ya están en edad, me dijo una madre acongojada en Mesetas, Meta”.
Nadie puede decir que el reclutamiento de niños y niñas fue una práctica asilada de algunos frentes. Era una descarnada, y descarada, práctica generalizada en las FARC de la que son responsables sus comandantes, esos que llevan cinco años pavoneándose, tomando mojitos y fumando tabaco en La Habana y que ahora pretenden pasearse por los pasillos del congreso esperando las coimas de los Odebretch de turno y la mermelada del Estado.
No señor comisionado de Paz, no son las FARC las que están en deuda, son Ustedes, quienes, con la complicidad de la comunidad internacional, resolvieron negociar un acuerdo de paz sin exigir claridad y transparencia sobre uno de los peores delitos cometidos por Timochenko y sus secuaces.
Como dice Juan Lozano ¿Aló, Unicef, aló?
Alto precio está pagando Colombia por el bendito Nobel.
