Los funcionarios de la CIA y de la administración Bush de EUA que estaban al tanto sobre las torturas a prisioneros deberían ser juzgados, dijo el relator especial de la ONU sobre derechos humanos.
Ben Emmerson, en un comunicado emitido poco después de que se hiciera público el resumen ejecutivo del informe del Comité de Inteligencia del Senado de EUA, afirma que los interrogadores que han participado en la “conspiración criminal” deben enfrentar “penalidades criminales a la medida de la gravedad de sus crímenes”.
Dice que los castigos más severos deben reservarse para los que “realizaron los crímenes”, pero igual debe juzgarse a los funcionarios que presuntamente los autorizaron.
Para un funcionario público no es defensa alegar que estaban obedeciendo órdenes de superiores. Los funcionarios de la CIA que físicamente cometieron los actos de tortura por lo tanto tienen la responsabilidad penal individual por su conducta y no pueden esconderse detrás de la autorización que se les dio por sus superiores.
La inmunidad de los funcionarios públicos que han participado en actos de tortura no puede concederse en virtud del derecho internacional y EUA es responsable por ver que se haga justicia, dijo.
La lista de torturas físicas y psicológicas — eufemísticamente llamadas “interrogatorios mejorados”– incluyen golpizas, el submarino, simulacros de ejecuciones, “hidratación anal”, igual que amenazas con violencia sexual a las familias de los detenidos.
