Paramilitares colombianosDocumentos de la Drug Enforcement Agency, que respaldan un reportaje especial de Homero Campa publicado por la revista mexicana Proceso el 23 de julio, señalan que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe de Colombia varios de sus colaboradores apoyaron las actividades de tráfico de drogas de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del grupo criminal Oficina de Envigado y del Cártel del Norte del Valle.

Pero los documentos que presenta Proceso van más allá, vinculando al gobierno actual con la serie de actividades ilegales que incluyen soborno, corrupción, tráfico de narcóticos e incluso asesinatos.

Dice Proceso que “Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente colombiano, participó en un complot para derrocar en 1995 al entonces mandatario Ernesto Samper”. La base de esta gravísima acusación es el testimonio de Salvatore Mancuso, alto capo de las AUC, extraditado en 2008 a EUA acusado de narcotráfico.

El Molino intentó confirmar las aseveraciones de Proceso con fuentes independientes en Colombia, quienes dijeron que el artículo solo “recocina acusaciones previas” y “no creo” sobre la involucración del presidente Santos.

Otros en Colombia, según Proceso, han dicho que las acusaciones son “fantasiosas”.

Proceso dice que, según Mancuso, el complot “derivó en el asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado y afirmó incluso que en ese homicidio ‘estuvieron involucrados’ el general Naranjo y uno de sus oficiales, Danilo González Gil”.

El general retirado colombiano Óscar Naranjo ha sido anunciado por Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional como su asesor en materia de seguridad en caso de que asuma la Presidencia de México.

Naranjo, dice la revista, tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país.

Ex dirigentes de la AUC afirmaron que políticos y funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) les otorgaron apoyo para sus actividades militares y de tráfico de drogas, dice Proceso.

El extenso artículo pinta un contubernio de comunicaciones abiertas y constantes entre las cúpulas de la administración Uribe y las organizaciones paramilitares.

Es un quién es quién de la corrupción y violencia que han llenado los titulares de la prensa colombiana en la década pasada, donde desfilan en una danza de los narcomillones nombres como Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, Carlos Castaño, Luis Gómez Bustamante y otros, vinculados con actividades ilegales de poder, corrupción y violencia.

Mucha de la información ha salido en diversos interrogatorios, dice Proceso, aunque con el paso del tiempo han surgido mayores detalles.

Extracto, según Proceso, de un memorándum de la DEA del 25 de marzo de 2010:

“Mancuso sostuvo que Santos y el resto de la oligarquía de Bogotá estaban molestos por la corrupción y la ineficacia de la administración de Samper y decidieron unir fuerzas con el Cártel del Norte del Valle y las AUC con el propósito de remplazar a Samper por un político popular de su elección (…)

“El presidente interino debería ser Álvaro Gómez Hurtado. Mancuso afirmó que Santos y el resto de los conspiradores querían información sobre sobornos que el Cártel del Norte del Valle había pagado a la administración de Samper y que con esta información y el apoyo de los militares colombianos ellos desestabilizarían al gobierno de Samper, al cual remplazarían por un gobierno interino encabezado por Gómez Hurtado.”

“Mancuso dijo que Santos y otros 20 individuos volaron a la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y de ahí tomaron un helicóptero perteneciente a Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de los principales capos del Cártel del Norte del Valle) que los transportó a San Pedro de Uraba, Antioquia, donde planearon el golpe de Estado. Desafortunadamente para los conspiradores, resultó que Gómez Hurtado no quiso ser presidente y amenazó con exponer el plan. Según Mancuso, Danilo González Gil y Naranjo estuvieron involucrados en el asesinato de Gómez Hurtado para cubrir la conspiración”.

El extenso artículo también denuncia la corrupción en el congreso colombiano. En el interrogatorio, dijo Mancuso que,”Según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvieron algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo, con esa organización”.

El artículo de Proceso también ubica al DAS, agencia policial colombiana, al centro de la conspiración.

“Los narcóticos eran transportados de Colombia a Venezuela y luego a Guatemala y México a través de lanchas rápidas que llevaban toneladas de cocaína. El exgobernador del departamento de César, Hernando Molina Araujo, estableció las rutas y facilitó los contactos en Guatemala para recibir las cargas de cocaína”.

Según Proceso, Jorge Noguera Cotes, nombrado por el presidente Uribe para encabezar el DAS, estuvo altamente involucrado en el proceso. “Noguera fue el responsable de iniciar los contactos con la organización mexicana de los Beltrán Leyva. [Rafael] García [jefe de sistemas del DAS] también viajó a México y en representación de Noguera se reunió con miembros de los Beltrán Leyva, con quienes negoció cargamentos de drogas”.

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