Dos sindicatos de trabajadores del departamento de seguridad nacional de EUA cuyos miembros estarían a cargo de procesar las solicitudes de legalización de millones de beneficiarios de la propuesta reforma migratoria, o de deportar a los que no clasifican, se oponen fuertemente al proyecto de ley que se está discutiendo en el congreso.
Informa Julia Preston en el New York Times que los dos sindicatos juntos tienen 20,000 miembros.
En una carta al Congreso han denunciado la ley propuesta en el Senado, revelando la oposición latente entre los mismos empleados que estarían a cargo de implementar los cambios.
La carta critica que el proyecto de ley del Senado ha sido diseñado para satisfacer las demandas de los “intereses especiales”.
Lo ha calificado “un gran paso en la dirección equivocada” en la seguridad pública al dar a funcionarios de la administración excesiva discrecionalidad sobre cuáles leyes de inmigración hacer cumplir.
La crítica del proyecto de ley desde el interior del sistema, dice el Times, da nuevo vigor político a sus opositores más acérrimos — entre ellos el senador Jeff Sessions, republicano de Alabama — que se encontraban a la defensiva.
También ha dado una tribuna nacional al funcionario federal y dirigente del sindicato de los agentes de deportación, Chris Crane, “quien se ha convertido en un testigo de la oposición a la reforma y un adversario problemático para los funcionarios de la administración Obama que trabajan por promover la nueva ley”.
Crane, quien dice que el Departamento de Seguridad Nacional está plagado de corrupción e ineficiencia, sostiene que la administración impide que se deporte indocumentados — crítica que la administración rechaza, indicando que más de 1.4 millones de personas han sido deportadas desde que Barack Obama asumió la presidencia en el 2008.
