A través del mundo, compañías privadas de seguridad han ganado multimillonarios contratos gubernamentales para encargarse de la represión contra inmigrantes, con enormes planteles que albergan decenas de miles de personas, creando miles de empleos y generando astronómicas ganancias bajo circunstancias en que el abuso, maltrato y la muerte de los prisioneros son la norma, escribe Nina Berstein en el New York Times.
Gobiernos liberales y conservadores, particularmente en Gran Bretaña, EUA y Australia, dependen de estas compañías para aumentar las detenciones y mostrar a los votantes que están implementando leyes de inmigración más estrictas, dice.
Los abusos han sido documentados ampliamente por grupos de derechos humanos, los que aseguran que estas detenciones no han funcionado ni acelerado las deportaciones, dice el Times.
Muchos de los internos no son criminales sino refugiados, con familias, niños que escapan condiciones de hambre, represión y violencia en sus respectivas naciones, dice.
Las dimensiones de estas compañías son monumentales: G4S, conglomerado anglo-danés, tiene más de 600,000 empleados en 125 países.
Algunas de ellas están en capacidad de transportar empleados de una nación a otra cuando lo requieren las oportunidades.
Algunas de estas compañías se han expandido a otras áreas relacionadas con la inmigración, dice.
Todo es parte de la “solución de la libre empresa”, apunta
Ilustración cortesía de abn2 via flickr
