Juan Tena, MADRID – Afirma The New York Times en su editorial del pasado sábado 4 de febrero que en España durante la guerra civil de 1936 a 1939 y después se cometieron “crímenes terribles que ningún tribunal ha investigado y juzgado”. Y ahora, viene a decir este rotativo, uno de los más importantes jueces de instrucción de España, Baltasar Garzón, “está siendo juzgado por haberse atrevido a abrir una investigación sobre esas atrocidades”. 

Es incomprensible que un diario del prestigio de The New York Times pueda escribir con un grado tan elevado de desconocimiento de la realidad que intenta explicar y que tergiversa debido a los notables prejuicios que demuestra tener su editorialista. 

Y es necesario ante todo explica que a este juez le está juzgando el Tribunal Supremo, no una banda de fascistas, como han dejado caer o insinuado muchos de los defensores de Garzón. El Tribunal Supremo de España es el análogo a la Corte Suprema de EUA. 

Al juez Garzón se le juzga no por lo que él quería juzgan, sino por el procedimiento seguido: se resistió a inhibirse de la investigación de los presuntos crímenes durante el franquismo, como se lo había comunicado la Fiscalia de la Audiencia Nacional, y dejárselo a los tribunales ordinarios, que son los competentes en ordenar la apertura de las tumbas donde se supen hay restos de personas asesinadas durante y después de la guerra. 

Garzón sabía que su actitud era prevaricadora y aún así quería proseguir la investigación. Cuando no le quedo más remedio que inhibirse ya había sido denunciado por dos organizaciones, que al margen de su ideología totalitaria, son asociaciones legales, no están ilegalizadas ni proscritas por lo que tienen los mismo derechos que cualquier otra organización tan totalitaria como puedan ser las comunistas o anarquistas que existen en el país. 

Por otro lado, hay dudas razonables de que Garzón pudiera juzgar los crímenes que se cometieron durante la guerra y después, por cuanto los posibles acusados ya no existen y, por lo tanto, no pueden defenderse y éste parece un requisito esencial frente a cualquier imputación, máxime si ésta es de crímenes. Pero es que además, los crímenes que Garzón intentaba investigar y juzgar solo afectaba a uno de los bandos, a los cometidos por el régimen de Franco, pero ¿y los cometidos por el lado republicano durante la guerra civil? ¿Es que acaso en las cunetas solo hay víctimas antifranquistas? No parece este un criterio muy razonable y justo 

A todo ello hay que añadir una ley de Amnistiá que venía a cerrar las heridas que hasta ese momento permanecían abiertas. Ese era el espíritu de la transición. No se trataba de “poner punto final”, no. Se trataba de pasar página mediante la “reconciliación de los españoles con independencia de que lucharan en uno u otro bando, que además la mayoría ni tan siquiera pudo elegir. Y es esto lo que el juez Garzón se ha querido cargar. 

En fin que sin quitar méritos a Garzón, lo que si parece claro es que se ha extralimitado en sus actuaciones y es eso, y no otra cosa, la razón por la que ahora está sentado en el banquillo de los acusados. Se le juzga con todas las garantías procesales, por lo que nadie en su sano juicio puede afirmar lo contrario, y verter acusaciones contra la más alta magistratura de la Justicia española. 

Por otro lado, hay que añadir que aquellos que dicen que en virtud del derecho internacional no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad, hay que subrayar que ese derecho se fundamenta originalmente en los tribunales que juzgaron los crímenes de la II Guerra Mundial, en 1946 y no antes. La guerra civil española acabó en 1939. 

En cuanto a otro de los asuntos que tiene pendiente, es la inculpación por un delito de cohecho impropio que habría cometido, según el magistrado de la Sala Penal del Supremo Manuel Marchena, al pedir y obtener de importantes empresas y bancos españoles un total de 1,2 millones de dólares que fueron entregados “en atención a su condición de juez” para patrocinar las actividades que dirigió durante su estancia en la Universidad de Nueva York (NYU) en 2005 y 2006. 

Pendiente está además conocerse la sentencia por las escuchas telefónicas que promovió en el caso Gurtel. Concretamente, el juez Garzón está acusado de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados varios imputados del conocido como “caso Gürtel”, que implica a altos cargos del Partido Popular (PP) y que precisamente destapó el propio Garzón. 

A los que a lo largo de los últimos meses han salido a la calle y se han manifestado en favor de Garzón y en contra de los tribunales hay que recordarles que cuando la justicia ha dictado a favor de sus intereses, entonces la Justicia es ensalzada. En caso contrario desacreditada: el Tribunal Supremo está corrupto y plagado de fachas. Este ha sido y es el comportamiento de la farándula vociferante que ha salido en defensa de Garzón: cantantes, políticos, sindicalistas, estrellas de cine, de teatro, ex jueces, portavoces de partidos comunistas que aún siguen alabando y defendiendo dictaduras como la castrista. Y esta es la realidad de lo que ocurre. 

Falta un detalle para completar el cuadro. Cuando Garzón quiso ser Ministro en el Gobierno de Felipe González tenía en el cajón guardado el caso Gal (terrorismo de Estado contra ETA), y fue después de no lograr su objetivo, cuando el caso vio la luz, y con el llego la imputación a la cúpula del Ministerio de Interior de entonces. Y sí logro que a muchos de ellos los condenaran por terrorismo de Estado y fueran a la cárcel. Pero siempre quedó en el aire la duda de qué hubiese hecho si Felipe González le hubiese nombrado Ministro de Justicia o similar. ¿Habría salio a la luz el caso GAL o, por el contrario, permanecería en algún cajón para los restos?

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