La detención con órdenes de deportación de la madre y el hermano de Erika Andiola, una activista pro derechos de indocumentados, y su eventual puesta en libertad — todo en menos de 24 horas — a raíz de una extensa movilización de apoyo contrasta la polémica política de deportaciones masivas implementada por la administración Obama con la resistencia organizada por una comunidad con la necesidad, la determinación y el conocimiento para defenderse.
Fernanda Santos en el New York Times narra la dramática secuencia de eventos.
El jueves de 10 de enero a las 9pm agentes de inmigración llegaron a la residencia de la señorita Andiola en Phonix, Arizona, con orden de captura para su madre, María Arreola y su otro hijo, Heriberto Andiola Arreola, a quienes se llevaron y colocaron en detención, dice el Times.
Explica que la señora Arreola había sido detenida y devuelta a México en 1998 intentando cruzar la frontera a Arizona con tres de sus hijos. El año pasado, detenida por conducir sin licencia, sus huellas fueron enviadas al servicio de inmigración como parte del programa Comunidades Seguras y de ahí surgió la orden de deportación.
Erika Andiola, por su parte, se ha beneficiado del programa de Acción Diferida, que concede la legalidad a los jóvenes que llegaron sin documentos con sus padres.
Indica el Times que Erika Andiola es fundadora de Arizona Dream Act Coalition, ha protestado en la capital exigiendo cambios a la ley de inmigración, e incluso estuvo en portada de la revista Time en junio del 2012 bajo el titular “We are Americans — just not legally” (Somos americanos — solo que no legales).
Tan pronto los agentes de inmigración se llevaron a su madre y hermano, Erika Andiola grabó un conmovedor video en YouTube donde en medio de las lágrimas pidió ayuda.
Al cabo de horas, el llamado de Erika Andiola había desencadenado una campaña masiva de solidaridad — mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, peticiones por internet, pero principalmente a través de Twitter bajo el hashtag #WeAreAndiola, obligando a funcionarios a parar las deportaciones a solo horas de que tuvieran lugar.
Según dijo un funcionario de inmigración, el caso encaja en las nuevas pautas que piden “una política de discreción de la fiscalía” y merece un “ejercicio en discreción”, en las deportaciones que han alcanzado un promedio de 400,000 anuales bajo la administración Obama.
El caso de la familia Andiola Arreola sucede cada día, dijo al Times Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, uno de los grupos que ayudó a la familia.
“La única diferencia es que la señorita Andiola tenía conexiones y no perdió tiempo movilizándolos”.
Artículo en inglés.
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