Traducimos extractos de un extenso informe en The Washington Post sobre Colombia, una nota firmada por Sarah Cahlan, Drea Cornejo, Anthony Faiola, Elyse Samuels y Steven Grattan.
“Históricas protestas han tenido lugar en cientos de ciudades y pueblos de Colombia. Casi 1 millón de personas han salido a las calles durante el último mes. Se han reportado decenas de muertes, incluidas las de un oficial de policía y 14 civiles cuyos homicidios los investigadores de Human Rights Watch han vinculado a una fuerza policial excesiva, hechos que han puesto a las fuerzas de seguridad militarizadas del país bajo el microscopio mundial.
Un examen por el Post de las imágenes de video que involucran cuatro de las muertes muestra cómo la policía colombiana parece haber cruzado una línea letal.
La avalancha de videos subraya el poder de las imágenes virales para hacer que los funcionarios rindan cuentas. Las autoridades colombianas, bajo una creciente presión internacional, han detenido e inculpado a agentes de policía en tres de los cuatro casos examinados por The Post.
Las autoridades han sido más activas en aquellos casos en los que los videos han sido los más claros y más compartidos. No se han realizado detenciones por la muerte de Joan Nicolás García Guerrero, ni en varias otras en las que murieron manifestantes o transeúntes.
Las muertes de García Guerrero, Marcelo Agredo Inchima, Santiago Andrés Murillo Meneses y Brayan Fernando Niño Araque fueron capturadas en video. Se han convertido en focos de inflamación, provocando indignación contra la violencia policial en medio de las crecientes manifestaciones por la justicia económica. Tres de las muertes involucraron fuego real, un nivel de fuerza que la policía colombiana puede usar solo cuando se enfrenta a una “amenaza inminente de muerte o lesiones graves, o para prevenir un delito particularmente grave que implique una amenaza grave para la vida”.
Un análisis del Post de las imágenes, incluidas algunas que no han circulado públicamente anteriormente, ilustra hasta qué punto la policía parece haber sobrepasado sus reglas de enfrentamiento. Los funcionarios del gobierno colombiano han culpado al menos de parte de la violencia a guerrilleros y criminales que, según dicen, se han infiltrado en las filas de los manifestantes.
“Creo que [la] combinación de videos, atención de los medios y reacción de Washington es explosiva para el gobierno”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El impacto en los Estados Unidos del caso de George Floyd, y el concepto de Black Lives Matter, también es un elemento que crea las condiciones para la tolerancia cero del abuso policial”.
