A escasos meses de su inicio, el ambicioso plan conjunto contra el narcotráfico entre EUA y Honduras se ha desmoronado, acosado por errores, violaciones de la ley, abusos a los derechos humanos y choques entre el congreso y la administración Obama, escriben Damien Cave y Ginger Thompson en el New York Times.
Dice el Times que el senador Patrick J. Leahy demócrata de Vermont ha parado la implementación del programa y suspendido decenas de millones de dólares para costearlo.
Entre los incidentes que el Times llama “claras violaciones de la ley internacional y los protocolos establecidos” menciona ataques por la aviación militar de honduras que derribaron dos avionetas sin que se conociera nada sobre ellas — podrían haber sido criminales o inocentes; no se sabe porque nunca se encontraron los restos de los aparatos.
“Es solo cuestión de tiempo”, señalan en el congreso los opositores del programa, “antes de que otro avión con presuntos culpables resulte estar lleno de personas inocentes”.
La tensión entre la administración y el congreso sobre Honduras se ha venido intensificando por meses, dice el Times.
El Departamento de Estado, la DEA y el Pentágono conocen la importancia que juega la nación centroamericana en el tráfico de narcóticos, dice el Times, y buscaron impedir que cayera en manos de los narcos y, a la vez, usarla como el punto donde se podría cortar el flujo de drogas hacia el norte.
Pero una series de errores fatales — algunos por parte de militares hondureños, otros por la participación ilegal de agentes estadounidenses en redadas que resultaron en muertos — convirtió rápidamente lo que se había presentado como un modelo de trabajo en equipo internacional, en un estudio de lo que puede salir mal cuando se utilizan tácticas de guerra para luchar contra un problema de delincuencia que va mucho más allá de las drogas.
La tasa de homicidios en Honduras es una de las más altas en el mundo y la corrupción ha carcomido el gobierno de arriba abajo, dice el Times.
Ahora, la administración está preparando un nuevo plan que incluye reforma judicial, fortalecimiento de instituciones, cuya debilidad el programa inicial pudo haber subestimado.
Primero el Departamento de Estado tiene que convencer al congreso que se están investigando las muertes y se han impuesto límites al papel de las fuerzas de EUA.
Este nuevo plan, además de barcos y helícopteros, exige una reestructura profunda, crear entidades investigativas, un programa de control de los ingresantes a las fuerzas policiales, mayor poder a los fiscales y seguridad para los testigos.
Según el Times es, “mas aspiracional que nada”.
