Publicado en inglés el 17 de abril del 2013 en la revista The Nation bajo el título The Senate’s Drone and Trigger-Happy Immigration Bill. Traducido con autorización especial. Por Aura Bogado.
Podría haber mucho que celebrar sobre el nuevo proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado. También contiene mucho para causar alarma — sobre todo ya que los legisladores han indicado que van a querer audiencias adicionales y esperan modificaciones que probablemente volverán más draconiano el proyecto de ley. Pero lo que se sabe ya es que casi cualquier paso hacia adelante sobre el estado de la regularización de la mayoría de los inmigrantes indocumentados actualmente gira en torno a la seguridad fronteriza.
El proyecto de ley de 844 páginas es mucho para digerir. Prerna Lal ha esbozado algunos puntos valiosos sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las disposiciones del proyecto de ley para los inmigrantes indocumentados. Cabe de destacar que ella se refiere a “RPI”, el nuevo Registered Provision Status (RPI — Estatus de Inmigrante Provisional Registrado) mencionado en el proyecto de ley como una especie de estatus de segunda clase sin ciudadanía.
La mayoría de los inmigrantes indocumentados que puedan demostrar su presencia en EUA antes del 31 de diciembre del 2011, clasificarán para RPI si también pueden demostrar que no tienen antecedentes penales y pagan una multa de US$500 dólares y los impuestos que deban. Eso de por sí solo puede hacer sonar una alarma para los trabajadores esenciales de bajos salarios, que pueden tener dificultades para obtener esos fondos. Los inmigrantes en condiciones de hacerlo entonces serán autorizados a vivir y trabajar en EUA, e incluso viajar fuera del país. Una multa de US$500 adicional se aplicará, después de seis años. Después de diez años, los inmigrantes con el estatus RPI finalmente podrán solicitar la residencia permanente legal, pero sólo pueden hablar Inglés y pagar una multa adicional de US$1,000. Ese estatus de residencia puede convertirse en la ciudadanía después de tres años.
En resumen, el camino a la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados es, como mínimo, un proceso de 13 años y US$2,000 aunque será más acelerado para los estudiantes y los trabajadores agrícolas. Como Seth Freed Wessler señala en Colorlines.com, el proyecto de ley también amplía la criminalización y excluye a las parejas LGBT, pero permitirá la reunificación de las familias que han sido destrozadas por la deportación. Con todo, hay un creciente consenso de que este es un proyecto de ley muy mezclada.
Pero lo más preocupante de todo es que el estado RPI depende de en la seguridad fronteriza. Como hemos señalado en el pasado, la migración neta en la frontera sur está en cero. Sin embargo, el proyecto de ley establecería una nueva Comisión de Seguridad de la Frontera Sur, y las solicitudes para RPI no serán estudiadas hasta la implantación de lo que se llama la Estrategia de Seguridad de la Frontera Sur y la Estrategia de Barreras de la Frontera Sur. La estrategia de seguridad fronteriza ampliará considerablemente la vigilancia en la frontera México-EUA, especialmente a través del uso de aviones no tripulados, que patrullan la frontera “24 horas al día y 7 días a la semana”. La residencia permanente y eventualmente la ciudadanía estarían condicionadas a estas medidas ampliadas de seguridad fronteriza — que son complejas y difíciles de medir.
Tal como está ahora, el proyecto de ley se lee más como medidas de seguridad fronteriza masivas que cualquier otra cosa — porque antes de que la situación de cualquier persona sea examinada para un ajuste, el gobierno federal comenzará a lanzar miles de millones de dólares para aviones no tripulados, patrullas fronterizas reforzadas y ampliar las barreras en la frontera sur. Estas medidas están siendo impulsadas al mismo tiempo en que la migración neta es cero, y después de que Obama ha creado un legado de deportaciones masivas. A medida que el Congreso da forma al proyecto de ley, no es poco probable que las medidas de seguridad fronteriza ganen aún más terreno.
