Publicado en inglés el 6 de febrero del 2013 en la revista The Nation bajo el título “Democrats Have a Unique Constitutional Duty to Check, Balance the President”. Traducido con autorización especial. Por John Nichols.
Cuando Lyndon Johnson era presidente de EUA, en el senado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores William Fulbright controló a su compañero demócrata con audiencias que desafiaron la escalada de Johnson de la guerra no declarada en Vietnam. Hizo lo correcto.
Cuando Richard Nixon mantuvo esa guerra, fue desafiado por colegas republicanos como Charles Goodell en el Senado y Pete McCloskey en la Cámara.
Cuando Ronald Reagan estaba llevando a cabo una guerra sucia y fuera de la ley en América Central, republicanos como Lowell Weicker de Connecticut y Charles Mathias de Maryland presentaron objeciones a las políticas y acciones del presidente de su partido.
Cuando Bill Clinton dirigió a EUA hacia el conflicto de Yugoslavia, el senador Russ Feingold y el congresista Dennis Kucinich rechazaron el partidismo para exigir que el presidente demócrata respetara la exigencia constitucional de que las guerras tienen que declararse.
Incluso cuando George Bush y Dick Cheney estaban aplicando la disciplina partidista más estricta, el congresista por Iowa congresista Jim Leach co-patrocinó una resolución de investigación para determinar si sus colegas republicanos habían conspirado para mentir acerca de la supuesta “amenaza” que representa Irak.
En cada caso, los miembros del Congreso rechazaron la línea del partido a fin de defender el imperio de la ley, que exige de nuestro sistema de separación de poderes que el Poder Legislativo revise y ofrezca balance al ejecutivo. No era nada personal. Era una cuestión de principios. En esto, ellos aceptaron la comprensión de la separación de poderes articulados por el entonces senador Barack Obama quien dijo en 2007: “La idea … de que el presidente pueda seguir sin restricciones del Congreso por una vía fracasada no está de ninguna manera garantizada por nuestra Constitución”.
El actuar de contrapeso a la administración Obama sobre su uso de aviones no tripulados es también una cuestión de principios. Es por eso que no es sólo apropiada sino necesario que los demócratas hagan las preguntas correctas, presenten las preocupaciones debidas y monten los retos constitucional apropiados a las políticas de la administración.
El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, merece una alta calificación por presentar las mismas exigencias de transparencia al demócrata Barack Obama que habría hecho con un presidente republicano. “Todo ciudadano tiene derecho a saber cuándo su gobierno cree que está permitido matarle …”, dice Wyden. “[Esta] idea de que la seguridad y la libertad son mutuamente excluyentes, que sólo se puede tener la una o la otra, es algo que yo rechazo. Así que ahora vamos a tener que empezar todo el trabajo duro del proceso de supervisión congresional mediante un examen de los fundamentos jurídicos de este programa y dejando muy claro que voy a presionar para obtener mayor desclasificación de este tipo de programas claves. Y creo que podemos hacerlo consistentemente con la seguridad nacional”.
Wyden no debería estar solo en un momento en que los demócratas tienen un deber constitucional único. Es necesario que haya un reconocimiento mucho más amplio dentro del partido del presidente de que es posible respetar a Obama a la vez que se respetan las exigencias de un sistema donde los poderes están debidamente separados.
Con la credibilidad de los senadores republicanos disminuida por sus quejas ante cada acción de Barack Obama, ellos son ineficaces cuando se trata de servir de contrapeso a este presidente. Así que la tarea de afirmar premisas constitucionales esenciales, junto con el principio muy americano de que los estadounidenses tienen el derecho de saber lo que se está haciendo en su nombre pero sin su consentimiento informado, cae a los demócratas responsables. Unos pocos han respondido. El año pasado, los congresistas John Conyers, Jr. (D-MI), y Dennis Kucinich (D-OH), presentaron una enmienda a la versión de la Cámara del proyecto de ley del presupuesto de defensa del 2013 que pretendía revertir la decisión de la Casa Blanca para ampliar ataques aéreos contra objetivos terroristas en todo el mundo.
Conyers y Kucinich — quien terminó su servicio en la Cámara este enero — no estaban sugiriendo que EUA no debe defenderse, pero exigem transparencia, rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho.
En una carta a la Casa Blanca, escribieron,
Un artículo reciente artículo en The Washington Post reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) han recibido nueva autoridad que les permite “disparar a objetivos basándose únicamente en sus ‘firmas’ de inteligencia — los patrones de comportamiento que se detectan a través de intercepciones de señales, de fuentes humanas y la vigilancia aérea, y que indican la presencia de un operativo importante o complot contra los intereses de EUA”. Permitir que la CIA y el JSOC lleven a cabo ataques aéreos sin necesidad de conocer la identidad de la persona a la que está apuntando es un marcado contraste con lo que el gobierno había reclamado previamente acerca de su campaña de drones: que se dirigen ataques contra sospechosos de terrorismo en las listas mantenidas por la CIA y el JSOC.
Las implicaciones de nuestro uso de aviones no tripulados para nuestra seguridad nacional son profundas. Pueden generar un sentimiento anti-estadounidense poderoso y duradero. Tales ataques ‘firmados’ aumentan los riegos de que sean asesinados civiles inocentes o personas que no tienen relación con los ataques a EUA. El gobierno tiene el derecho y la obligación de proteger a los ciudadanos de este país. Sin embargo, el Congreso debe tener la oportunidad de evaluar y exigir que haya un mínimo de transparencia y rendición de cuentas para nuestro programa de aviones no tripulados de EUA en el extranjero.
En última instancia, dos docenas de miembros de la Cámara se unieron a Conyers y Kucinich para pedir a la Casa Blanca que diera más información al Congreso sobre los ataques con aviones no tripulados. Los co-presidentes del Congressional Progressive Caucus Raúl Grijalva (D-AZ) y Keith Ellison (D-MN) se encontraban entre los firmantes. El congresista Jerrold Nadler, el demócrata de mayor rango en el subcomité de Constitución del Comité Judicial de la Cámara, fue uno de los firmantes. Igualmente hicieron dos de los pocos republicanos de la Cámara que han seriamente intentando servir de contrapeso a los poderes de guerra de los presidentes republicanos y demócratas, Texas, Ron Paul de Texas, (quien desde entonces ha retirado) y Walter Jones Jr., de Carolina del Norte.
Paul y Jones tenían credibilidad porque se habían opuesto a las acciones ilegales del presidente Bush. Ellos no estaban actuando como simples autómatas partidistas. Ellos actuaban como miembros del Congreso, cuyo juramento obliga a controlar y equilibrar el poder ejecutivo. Demócratas como Wyden y los miembros de la Cámara que se han pronunciado tienen motivaciones similares. No están faltando el respeto al presidente. Están respetando la Constitución.
Este es es un principio que entiende muy bien la congresista Barbara Lee, demócrata de California que emitió el único voto en contra de la excesivamente amplia 2001 Autorización para el Uso de la Fuerza Militar que continúa interpretándose como una justifiction un mal definida y aparentemente interminable “guerra contra el terror “.
La congresista Lee, una de las primeras que apoyaron en el año 2008 la campaña presidencial de Barack Obama y un jugador clave en redactar la plataforma de 2012 del Partido Demócrata, es muy leal al presidente. Pero también es leal a la Constitución.
“El memorando filtrado recientemente del Departamento de Justicia que estableció los límites legales excesivamente amplios y difusos para justificar los ataques con aviones no tripulados debe sacudir el pueblo americano hasta la médula. Aunque aplaudo al Presidente Obama por la entrega de más información a los comités de inteligencia del Senado y la Cámara, la raíz del problema sigue existiendo: El gobierno está utilizando la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar aprobada por la Cámara el 14 de septiembre de 2001, como uno de las justificaciones para el uso letal de aviones no tripulados. Como el único miembro del Congreso que votara en contra de este cheque en blanco, creo que ahora más que nunca hay que derogarlo”, afirma Lee en una carta publicada el domingo en el diario Los Angeles Times.
“Necesitamos un debate pleno de las consecuencias de la medida de septiembre del 2001 y es vital una supervisión significativa por el Congreso. Como comandante en jefe, el deber de Obama es mantener nuestro país seguro, pero el Congreso no debe retirarse de su obligación constitucional de fiscalización. Estos pesos y contrapesos son la base de nuestra democracia, y deben permanecer intactos “.
Junto con Ron Wyden y John Conyers, Barbara Lee está encontrando el equilibrio adecuado para todos los miembros del Congreso, pero especialmente para los demócratas.
