Publicado en inglés el 20 de marzo del 2013 en la revista The Nation bajo el título “Statutes of Limitations Are Expiring on Some Bush Crimes”. Traducido con autorización especial. Por Elizabeth Holtzman.
Los estadounidenses enfrentan una serie de plazos trascendentales, como la expiración de los recortes fiscales de Bush y el “secuestro” de US$1 millones en presupuestos de programas federales. Pero otro límite crítico se acerca rápidamente sin atraer mucha atención. Los estatutos de limitaciones aplicables a posibles delitos cometidos por el ex presidente George W. Bush y sus principales asesores, con respecto a las escuchas telefónicas de los estadounidenses sin autorización judicial y al fraude en el inicio y la continuación de la guerra de Irak, pueden expirar a principios de 2014, menos de un año a partir de ahora.
El presidente Bush ha admitido públicamente haber autorizado las escuchas telefónicas de estadounidenses en más de 30 ocasiones separadas sin una orden judicial, una aparente violación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés). En la justificación, Bush afirmó que el asesoramiento legal lo eximía como comandante en jefe de regirse por la FISA. Normalmente, el asesoramiento de un abogado no es una defensa contra un enjuiciamiento, sobre todo cuando el cliente da forma al consejo. Aquí, la Casa Blanca trabajó en estrecha colaboración con John Yoo del Departamento de Justicia en preparar la opinión legal y bloqueó una revisión estándar por el Departamento de Justicia, a pesar de que la opinión era seriamente defectuosa de acuerdo a los sucesores de Yoo. El dictamen lleva el sello de un pase para mantenerse fuera de la cárcel en lugar de un análisis serio independiente preparado en base a la buena fe.
Porque el secreto todavía rodea a las escuchas telefónicas de Bush, no sabemos las fechas en las que pueden haberse suspendido y por lo tanto no se puede calcular exactamente cuando la ley quinquenal de estatutos de limitaciones vence. Suponiendo que la escuchas sin orden judicial terminaran cuando Bush dejó su cargo el 20 de enero de 2009, el estatuto vencería el 20 de enero del 2014.
El presidente Bush y su equipo también pueden haber violado la ley de Conspiración para Defraudar a Estados Unidos, que se utilizó para procesar a funcionarios de alto rango en los escándalos de Watergate e Irán-Contra. Junto con otros miembros de su gobierno, hizo muchas declaraciones erróneas al Congreso sobre la guerra de Irak. En un ejemplo digno de mención, justo antes de la invasión, él notificó al Congreso que la invasión cumplía las condiciones que se había fijado para un ataque, entre ellas que se dirigía a las personas o naciones que “planificaron” o “ayudaron” en los ataques del 11 de septiembre del 2001. Pero ni Saddam Hussein ni Irak planearon ni ayudaron en los ataques del 11 de septiembre.
El estatuto de limitaciones de cinco años por defraudar a EUA comenzó a contarse a partir del día en que el presidente Bush dejó su cargo, porque la guerra de Irak se llevó a cabo no sólo para derrocar a Saddam Hussein e instalar un nuevo gobierno, sino también, como el ex presidente explicó, para asegurar “la victoria” y crear un “Iraq estable”, esfuerzo que duró hasta el final del segundo mandato de Bush. Esto significa que el estatuto de limitaciones vencerá el 20 de enero de 2014.
Dado que ningún proceso puede ser llevado después de que los estatutos expiran, a menos que las investigaciones se inicien pronto, nadie será enjuiciado y castigado por ninguno de los crímenes que ocurrieron, afianzando profundamente el principio de la impunidad por parte de los altos funcionarios. Esto sería una vergüenza para nuestro país y golpearía el corazón del imperio de la ley
Después de una cuidadosa revisión de los hechos y de la ley, un fiscal imparcial podría decidir que no se justifica el enjuiciamiento del presidente Bush y su equipo. Como ex fiscal, yo sé que hay una gran diferencia entre una aparente violación de un estatuto y un caso enjuiciable. También sé, sin embargo, que la falta de investigación de violaciones aparentes de la ley debido a la alta posición de los involucrados socava nuestra democracia. No puede haber dos normas de la justicia en EUA, una para los poderosos y otra para el resto de nosotros.
Nada podría corroer el respeto por los estadounidenses al imperio de la ley más que la consagración de una percepción de impunidad para los altos funcionarios del gobierno. Nada animaría más la criminalidad futura de los presidentes que la creencia de que están por encima de la ley. Es por ello que le corresponde a la Fiscalía General nombrar cuanto antes un altamente respetado fiscal independiente para que se puedan completar en el tiempo restante las investigaciones oportunas.
El presidente Bush y el vicepresidente Cheney también pueden ser criminalmente culpables de administrar la piragua (waterboarding) y otras formas de tortura. Esto también debe investigarse ahora, a pesar de que no hay estatuto de limitaciones para el ahogamiento simulado y otras formas de tortura potencialmente mortales — los responsables pueden ser procesados mientras vivan. Tanto el presidente Bush como el vicepresidente Cheney han admitido públicamente su participación en usar la piragua contra los detenidos extranjeros. La ley federal contra la tortura ley tipifica como delito evidente el haberlo hecho. La exoneración anterior por el Fiscal General Holder de agentes de la CIA basada en los memorandos del Departamento de Justicia respecto a la tortura no debe aplicarse al presidente Bush y el vicepresidente Cheney, debido al papel de ellos en la producción de dichos memorandos.
No obstante las consecuencias políticas, es difícil justificar el permitir que caduquen estos estatutos sin llevar a cabo ninguna investigación. El juramento del Presidente para su cargo es asegurarse que las leyes se ejecuten puntualmente, podría decirse que dándole cierto campo de amplitud política sobre un tema de este peso e importancia. Por otra parte, la Justicia exige una investigación imparcial, no un resultado en particular, por lo que el nombramiento de un fiscal especial no es un esfuerzo partidista. Es posible que una investigación no conduzca a un enjuiciamiento y, en todo caso, Obama tiene el poder de perdonar a Bush como Ford indultó a Nixon si siente que la acusación es injusta.
Pero no actuar en absoluto, ni siquiera para investigar las amplias indicaciones de posibles delitos, envía un mensaje tóxico de que un presidente está por encima de la ley. Dejar que se agote el tiempo en la investigación de delitos por la administración Bush es una omisión que podría tener consecuencias desastrosas para el estado de derecho y un efecto impredecible en el propio lugar del presidente Obama en la historia.
La antigua congresista de EUA Elizabeth Holtzman es coautora de Cheating Justice: How Bush and Cheney Attacked the Rule of Law, Plotted to Avoid Prosecution—and What We Can Do about It. Colaboró en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante Watergate.
