Publicado en inglés el 15 de mayo del 2013 en la revista The Nation bajo el título “On Press Freedom: Democrats Must Check and Balance Justice Department”. Traducido con autorización especial. Por John Nichols.
“La carga recae siempre en el gobierno cuando persigue la información privada — especialmente la información relativa a la prensa o a sus fuentes confidenciales”.
Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado
Cuando John Lindsay fue elegido a la Cámara de Representantes de EUA en 1958, el abogado republicano de Manhattan llegó a Capitol Hill como un hombre con una misión. “A menudo solo en el pleno de la Cámara”, recordó Nat Hentoff, “Lindsay esgrimía la Declaración de Derechos en contra de sus enemigos”.
Lindsay estaba absolutamente decidido a revitalizar la Declaración de Derechos, especialmente la Primera Enmienda. Después de una década de “alarmas rojas” y de macartismo, él dio voz a los disidentes. Elogió el derecho de reunión y de petición para la reparación de agravios. Y defendió la libertad de prensa como la base esencial de una sociedad libre.
Lindsay desarrolló una reputación por no observar divisiones partidista. Era un republicano, pero si el presidente republicano estaba incorrecto, él no permitiría que sus lazos al partido afectaran sus objeciones. Y si los miembros de su comité ignoraban las libertades civiles, eran más propensos a escuchar de Lindsay que de los demócratas.
Para la época cuando Lindsay fue elegido alcalde de New York, el demócrata californiano Don Edwards, un ex agente del FBI, llegó para tomar la bandera. Durante tres décadas, Edwards controló y equilibró no sólo a los republicanos, sino también a los demócratas que no reconocían los derechos de los ciudadanos y la esencial función de una prensa vigilante. Cuando sus colegas demócratas en la Cámara de Representantes persiguieron al periodista Daniel Schorr por revelar detalles del informe de un comité de inteligencia, Edwards arremetió contra sus ellos. “La libertad de prensa está en juego aquí”, declaró el congresista. “Al sacar el tema de esta manera y nombrar al señor Schorr, hay un efecto muy negativo sobre el derecho de un periodista a recibir información clasificada”.
Recordamos a Lindsay y Edwards por los estándares que ellos sentaron. Entendieron que la defensa de la Carta de Derechos, en general, y la libertad de prensa en particular, jamás deben verse comprometidas por el partidismo.
Por eso era tan importante que, cuando se reveló que el Departamento de Justicia obtuvo los registros telefónicos de los periodistas de Associated Press, tanto Patrick Leahy como Bob Goodlatte lo denunciaron.
Leahy, demócrata de Vermont, que preside el Comité Judicial del Senado, y Goodlatte, republicano de Virginia que preside el Comité Judicial de la Cámara, provienen de diferentes partidos políticos, diferentes perspectivas ideológicas y diferentes experiencias.
Sin embargo, estuvieron esencialmente de acuerdo al enterarse de que fiscales federales habían sido acusados de obtener secretamente los registros telefónicos de un periodo de dos meses de los periodistas — algo que la misma agencia de noticias describió el lunes como “una grave violación de los derechos constitucionales de la AP de recopilar y reportar las noticias”.
Ambos saben muy bien que el Departamento de Justicia perseguía supuestas filtraciones por un funcionario público, y que se habían plantado cuestiones de seguridad nacional. Pero también están conscientes de las directrices establecidas en la era Watergate de equilibrar la seguridad nacional con la defensa de la Primera Enmienda. Y en el espíritu de Lindsay – quien dijo: “Aquellos que suprimen la libertad siempre lo hacen a nombre de la ley y el orden” – ambos Leahy y Goodlatte han reconocido su deber esencial de defender la libertad de prensa.
La disputa en torno a la intrusión del gobierno sobre lo que se supone es una prensa libre es tan antigua como la República. John Adams y Thomas Jefferson se enfrentaron sobre el tema antes de que la Declaración de Derechos cumpliera diez años, desde entonces no ha pasado una década sin una disputa. Tan recientemente como en el 2008, el FBI pidió disculpas a The Washington Post y The New York Times, luego de que se revelara que la agencia había obtenido indebidamente los registros telefónicos de periodistas en Indonesia.
Tan antigua como la lucha es, sin embargo, es esencial que los funcionarios con autoridad de supervisión se movilicen inmediatamente cuando se presenta un nuevo peligro.
Es por eso que las rápidas respuestas de Goodlatte y Leahy fueron tan alentadoras como necesarias.
Leahy y Goodlatte plantearon preocupaciones reales sobre las cuales exigieron respuestas reales de los funcionarios del Departamento de Justicia, que parece haber olvidado que la libertad de prensa debe ser libre de la vigilancia de un gobierno arbitrario y extralimitado.
“Cualquier limitación al derecho a la libertad de la prensa de la Primera Enmienda es muy preocupante”, dijo Goodlatte. “El Comité Judicial de la Cámara investigará a fondo este tema y también hará preguntas directas sobre ello al fiscal general Eric Holder durante la audiencia de supervisión del miércoles”.
La respuesta de Goodlatte fue válida – e importante.
Pero más importante aún es que Leahy haya expresado al mismo tiempo su preocupación.
“La carga recae siempre en el gobierno cuando persigue la información privada — especialmente la información relativa a la prensa o a sus fuentes confidenciales”, dijo el presidente del Comité Judicial del Senado. “Quiero saber más sobre este caso, pero por encima me preocupa que el Gobierno no haya cumplido con esta carga. Estas acusaciones me causan gran preocupación y quiero escuchar la explicación del gobierno”.
Sorprendentemente, Leahy fue respaldado por el líder de la mayoría del Senado Harry Reid, demócrata por Nevada, quien furioso calificó de “inexcusable” la incautación de los registros de llamadas el Departamento de Justicia, añadiendo que “No hay manera de justificar esto”. Reid fue aún más lejos el martes, cuando dijo que: “En mi carrera, he defendido constantemente la libertad de prensa de la intromisión por parte de la comunidad de seguridad nacional y lo seguiré haciendo. Es un tema que apoyo muy fuertemente y veré si es necesaria más acción legislativa en este sentido para asegurar la libertad de prensa”.
Cuando el Departamento de Justicia en una administración demócrata es acusado de algún delito, es vital que los líderes demócratas en el Congreso se presten a hacer las preguntas difíciles — igual que es de vital importancia de los miembros republicanos del Congreso den la cara para controlar a las administraciones republicanas .
La supervisión del Congreso a menudo viene con una ventaja partidista, algo que no es del todo inapropiado. El partidismo alienta y da energía a los comités de supervisión, asegura que se persigan las investigaciones y rechaza las respuestas burocráticas.
En última instancia, sin embargo, la supervisión del Congreso es más eficaz cuando viene de los miembros del partido que controla el poder ejecutivo. En EUA no existe un sistema parlamentario de gobierno. Más bien, nuestra Constitución traza una separación de poderes entre las ramas del gobierno. La separación no fue diseñada para fomentar la división partidista, sino para asegurar que siempre habrá un control y equilibrio de poderes — independientemente de la afiliación política o lealtad.
El partidismo intenso a menudo conduce los miembros del Congreso a que “vayan a sus esquinas”. Y rara vez las divisiones han sido más intensas y amargas que ahora.
Pero Patrick Leahy ha rechazado la posición defensiva en la que cae el partidismo más débil. En cambio, ha tomado la misma posición de controles y equilibrios que asumió Bob Goodlatte. Así debe ser. Cuando se trata de defender la libertad de prensa, los presidentes de los Comités Judiciales de la Cámara y del Senado deben, sin que importe el partido e independientemente de la ideología, colocarse firmemente y de manera inequívoca del lado de la Primera Enmienda.
