Publicado en inglés el 10 de enero 2014 en la revista The Nation bajo el título “Clouds Over Honduras”. Traducido con autorización especial. Por Sam Badger, Giorgio Cafiero y Foreign Policy In Focus
Este artículo es una publicación conjunta de TheNation.com y Foreign Policy In Focus.
El nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tomó posesión de su cargo el 27 de enero. Sin embargo, dadas las constantes preguntas acerca de su victoria en las elecciones de noviembre, la legitimidad de su presidencia permanecerá en duda. Durante su inestable mandato democrático, es probable que Hernández continúe militarizando la sociedad hondureña a la vez que implementará algunas de las medidas económicas neoliberales que han aumentado la desigualdad de ingresos en el país desde el golpe de Estado de 2009, que depuso al populista presidente Manuel Zelaya.
Estos desarrollos son un mal presagio la consolidación de la democracia en Honduras, donde los militares han cometido con impunidad violaciónes de los derechos humanos con impunidad desde que se realizó el golpe de Estado. La continua represión en este país cada vez más polarizado atenuará las esperanzas por la estabilidad regional y la democratización en Honduras después del golpe .
¿Un retorno a la democracia?
En previsión de las elecciones de noviembre, muchos hondureños abrigaban grandes esperanzas de un retorno a la democracia cuatro años después de que el ejército derrocara al democráticamente elegido Zelaya e instalara un gobierno provisional de la derecha. Los partidarios de Zelaya en gran medida boicotearon las elecciones de 2009 que siguieron el golpe de Estado, empujando la participación por debajo del cincuenta y uno por ciento, hecho que ensombreció la votación, que fue supervisada por las autoridades golpistas y generó protestas por parte de los gobiernos de izquierda de la región. Si bien la Constitución de Honduras prohibía a Zelaya postular su candidatura en la elección presidencial de 2013, sus partidarios decidieron participar y apoyar a su esposa, Xiomara Castro.
Como candidata presidencial del Partido Libre, creado por los activistas anti- golpistas tras el derrocamiento de Zelaya, Castro ofreció una visión para Honduras que contrastó vívidamente con la de Hernández. Aunque coincidía con Hernández que es preciso abordar la grave crisis de homicidios en Honduras, Castro se opuso a los llamados de Hernández para el despliegue de más soldados en las calles, pidiendo en vez que los militares protejan las fronteras del país de los narcotraficantes nacionales Al hablar de una “nueva Honduras”. Castro destacó el apoyo a las políticas progresistas de su marido. Su campaña recibió amplio apoyo de muchos elementos de la sociedad civil hondureña, entre ellos destacados artistas y escritores, los hondureños de bajos ingresos y las comunidades indígenas.
Después de que cerraran las urnas, la autoridad de gestión electoral — controlada por el derechista Hernández derechista Partido Nacional — anunció que Hernández había ganado el 36.8 por cientode los votos, derrotando a Castro por un margen de ocho puntos. La Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos se apresuraron a declarar que las elecciones de Honduras habían sido justas y transparentes, sin embargo, tales afirmaciones han sido amargamente disputadas por muchos hondureños. Otros observadores externos han presentado denuncias de compra de votos, intimidación a los votantes, urnas rellenadas y violencia contra los candidatos de la oposición y sus partidarios .
El Partido Libre dio a conocer su propia cuenta de los votos varios días después de la elección y un escrutinio indicó que 82,301 votos votos favorecieron fraudulentamente a Hernández y mientras que a Castro le negaron 55,720. Estas cifras por sí solas constituyen un 4.6 por ciento de la votación nacional, lo que equivale a más del 50 por ciento de la ventaja del del Partido Nacional según el conteo del gobierno. Leo Gabriel, un delegado austríaco de la misión de observadores de la UE, dijo a la prensa brasileña que fue testigo de importantes irregularidades en las elecciones, y señaló que votantes vivos aparecieron como muertos, mientras que fueron contados votos de personas fallecidas. Gabriel también afirmó que se compraron y vendieron votos, y que una quinta parte de las actas originales fueron enviados a un servidor ilegal. Por otra parte, el asesinato de tres activistas del Partido Libre durante el fin de semana de las elecciones destacó el ambiente de miedo e intimidación en la que se llevó a cabo la elección.
Triunfo para la oligarquía
Es difícil llevar a cabo una elección completamente transparente en cualquier país en desarrollo. Pero si las grandes manifestaciones pro-Castro que siguieron a las elecciones son una indicación de la opinión pública, es dudoso que muchos hondureños aceptarán a Hernández como un líder democráticamente legítimo.
Dos conflictos sociales y económicos en particular que ha exacerbado el derrocamiento de Zelaya empeorarán las cosas para la nueva administración. Por un lado, la lucha de los campesinos por recuperar las tierras de los grandes negocios agrícolas, y por el otro la batalla de la tribu Lenca para impedir la construcción de una presa en su territorio ancestral. Ambos conflictos han generado represión que han provocado muertes y disturbios en los últimos años.
Los mercados de carbono han impulsado gran parte de los disturbios, con los intereses económicos occidentales arraigadas impulsando inversiones en “energía verde” en Centroamérica. En Honduras, esto toma la forma de grandes plantaciones de aceite de palma propiedad de la oligarquía económica del país . Las plantaciones de aceite de palma se encuentran en tierras que en el pasado fueron cultivadas por campesinos pobres, pero que fueron transferidas a manos d elas grandes empresas agrícolas, como la Corporación Dinant .
Dinant es propiedad de Miguel Facussé, uno de los hombres más ricos de Honduras . Su compañía, que empuja a los campesinos a abandonar sus tierras y ha sido acusada de contratar escuadrones para atacar los resistentes, ha recibido fondos de inversión del Banco Mundial para la producción de “energía verde”, y es capaz de contar la inversión como “sostenible” y ” verde ” a los efectos de la venta de créditos de carbono en los mercados internacionales. La oficina de cumplimiento del propio Banco Mundial investigó la inversión del banco en Dinant y encontró que la institución había deliberadamente ignorado los problemas sociales que surgen de dentro de Honduras .
En 2009,varios campesinos que afirmaron haber sido expulsados de sus tierras fundaron una el Movimiento de Campesinos Unidos o MUCA. MUCA ocupó amplias extensiones de tierra de Facussé, creando granjas de subsistencia ycooperativas. Desde entonces, la violencia se ha librado entre las fuerzas de seguridad privada de Dinant y el Estado de Honduras, por un lado, y los campesinos armados por el otro. Se ha derramado sangre en ambos lados, siendo la mayor parte de las víctimas agricultores pobres. En respuesta a la violencia, los militares hondureños han presuntamente reforzado la fuerza del aparato de seguridad del Estado en la región.
Las tensiones también están aumentando en la región de Río Blanco, donde la tribu indígena Lenca ha resistido a un reciente plan para la construcción de represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, situada en su territorio tradicional. El proyecto, que va a beneficiar a DESA, una empresa vinculada a los oligarcas, y Sinohydro una firma china, fue aprobado sin la consulta ni el consentimiento de la tribu Lenca. En respuesta, los lenca comenzaron a protestar y eregir barricadas. Durante una manifestación, soldados del gobierno dispararon contra por lo menos dos manifestantes, lo cual resultó en la muerte de uno Los líderes indígenas también afirman haber recibido amenazas de muerte por parte de los militares y la policía.
Legitimidad perdida
Tales enfrentamientos refuerzan la opinión generalizada de que el golpe de Estado del 2009 — junto con los eventos desde entonces — fue orquestado por los oligarcas hondureños. ( Cables de WikiLeaks han sugerido que Facussé pudo haber estado involucrado personalmente, aunque él niega todo papel).
La paz seguirá siendo dudosa siempre y cuando las comunidades indígenas y los campesinos vean al gobierno como representante de los intereses privados movilizados en contra de ellos y sus medios de vida — una percepción sin duda exacerbada por las turbias circunstancias en torno a la reciente victoria de Hernández. A largo plazo, las cuestiones con respecto a la estabilidad de Honduras y la capacidad del gobierno para administrar una república inclusiva, deben producir dudas sobre su legitimidad y el deseo de resolver pacíficamente los conflictos internos.
Incluso si las elecciones de noviembre fueran legítimas — y hay muchas razones para dudar de que haya sido así — la continua marginación de las comunidades indígenas es una mala señal para la consolidación democrática en Honduras después del golpe.
