Foto cedida por periodistadigital.

Juan Tena, corresponsal MADRID- Los escándalos de corrupción de los últimos tiempos en España, cuyas consecuencias han venido sufriendo los ciudadanos españoles, ha llegado también a una de las familias más ilustres del país: la Familia Real: el yerno del Rey y marido de la infanta Cristina, Iñaki de Urdangarin, está siendo investigado por la justicia.

La Casa Real, con muy buen criterio, ha decidido mantenerse al margen del asunto y no hacer declaraciones al respecto, ni siquiera hacer referencia a respetar la tan socorrida “presunción de inocencia”. Nada. Y no solo eso, en caso de que  Urdangarin sea imputado por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares tendrá que ser él quien asuma su defensa. Los encargados de administrar y velar por los intereses y, sobre todo, de la imagen de la institución monárquica española, Rafael Spottorno (jefe de la Casa del Rey), Alfonso Sanz Portolés (secretario general de la Casa del Rey) y Ramón María Iribaren (portavoz de la Casa del Rey) , son de los que no se casan con nadie que no sea la Familia Real, es decir el matrimonio y los tres vástagos de don Juan Carlos.

El escándalo al saberse que el yerno del Rey estaba siendo investigado ha sido monumental. Toda la prensa del país se ha lanzado a dar amplia cobertura informativa; a buscar por aquí y por allá primicias. Cualquier noticia proveniente de la Casa Real y su Real Familia despierta el morbo de todo el mundo. Acostumbrados a conocer simplemente los accidentes deportivos y pequeños achaques de la más que natural y propia vejez del Rey, nada salta a los medios. Tan solo rumores, chismorreos y suposiciones. Hasta que el marido de la infanta Cristina decido, según parece, rompen con la regla de oro impuesta por el Rey: trabajar sí, negocios, no.

Así pues, Iñaki de  Urdangarin Duque de Palma de Mallorca y su socio Diego Torres están siendo investigados por posible apropiación de fondos públicos y privados valiéndose de la Fundación Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro. Esta información procede de la Fiscalia Anticorrupción de Baleares y del escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro que ha servido, además, para autorizar los registros e interrogatorios llevados a cabo semanas atrás por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Pesdro Horrach en instituciones y empresas de este supuesto conglomerado.

En estos registros del equipo policial, de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía Anticorrupción de Palma, a las sedes en Barcelona de las diferentes compañías vinculadas al Instituto Nóos, de la que ha sido presidente el Duque de Palma, y los interrogatorios centrados en Diego Torres, socio y colaborador de Urdangarin, su esposa María Tejeiro y el asesor fiscal Miguel Tejeiro, no han hecho más que acrecentar las sospechas de que existen “desvíos de fondos” públicos y privados.

Los autos el juez indican que supuesta forma de operar del Instituto Nóos “es de manual”: tras fijarse unos precios absolutamente desmesurados y recibir los fondos públicos, “se simulaba por parte del instituto la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”. El dinero público, continúa el auto judicial, “acababa en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín”.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción asegura que el único objetivo perseguido por Urdangarín “con la toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura -una tapadera, en realidad- de una asociación que formalmente no perseguía el ánimo de lucro, una especie de organización no gubernamental (ONG) dedicada a proyectos sociales”, para apropiarse de fondos público aprovechándose de su nombre nvinculado a la casa real y a la influencia que esas circunstancia da.

Los negocios del marido de la infanta Cristina, no estaban bien visto por Rey, y menos aún desde que el Gobierno, tiempo atrás, parece que había informado al monarca de que se estaba investigación a su yerno en el proceso abierto del Caso Palma Arena. Esa situación, algo que jamás había ocurrido en la Casa Real, fue la que obligo, forzado por la intervención directa del Rey, a que Iñaki Urdangarin abandonara España junto con su esposa, la Infanta Cristina y sus 4 hijos. Para ello en 2009, el presidente de Telefónica, César Alierta, nombró a Urdangarín consejero y presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica y Estados Unidos con un salario anual de 500.000 euros (alrededor de 700.000 dólares) y casa en Washington D. C, que es donde estableció su domicilio actual . Hasta su traslado a EUA, la Infanta Cristina de Borbón desempeñaba el cargo de directora del Área Social de la Fundación La Caixa. 

El pasado día 11 de noviembre, el duque de Palma habló para decir desde Estados Unidos, en un comunicado enviado a la Agencia Efe que defenderá su «honorabilidad e inocencia» en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos: «Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido». 

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