Publicado en inglés el 24 de febrero 2015 en la revista The Nation bajo el título “A 2-Day Revolt at a Texas Private Prison Reveals Everything That’s Wrong with Criminalizing Immigration”. Traducido con autorización especial. Por Zoë Carpenter.
El alzamiento reciente en el Centro Correccional del Condado de Willacy comenzó en silencio en la mañana del viernes, cuando los prisioneros se negaron a ir a sus sitios de trabajo asignados o a desayunar. Luego, los presos salieron de las enormes carpas en Kevlar que sirven como dormitorios. El sheriff del Condado de Willacy Larry Spence dijo a los periodistas que algunos presos tenían cuchillos de cocina, escobas y trapeadores afilados. Los funcionarios del presidio rociaron gas lacrimógeno; se presentaron un equipo SWAT, los Rangers de Texas, el FBI y la Patrulla Fronteriza de EUA. Hubo de esperarse dos días para controlar la protesta. Ahora los administradores están comenzando a transferir a los 2,800 prisioneros — inmigrantes indocumentados que por lo general están presos por delitos menores — debido a que la protesta hizo dejó al centro “inhabitable”.
Pero los informes sugieren que Willacy ha sido inhabitable durante años. Este es el tercer disturbio en el centro desde el verano de 2013, cuando los reclusos protestaron después fueron ignoradas sus quejas sobre inodoros rotos desbordándose. “Me siento atrapado y asfixiado”, un prisionero llamado Dante dijo a la Unión de Libertades Civiles de EUA, que el año pasado hizo público un informe sobre las condiciones en el presidio. Dante y otros describieron las tiendas de campaña que alojaban a 200 reos cada una como “sucias y plagadas de insectos …. los baños menudo desbordando y siempre con una pestilencia”. La ACLU también encontró que “las necesidades médicas básicas son a menudo ignoradas o insuficientemente atendidas”. Según informes, la inadecuada atención médica es lo que provocó la protesta del fin de semana.
Los eventos en Willacy enfocan en un área gris donde se unen el sistema penitenciario federal, las compañías de prisiones privadas y los mecanismos de aplicación de las leyes de inmigración de la nación. Willacy es una de las trece instalaciones en una red de prisiones del Requisito Criminal de Extranjeros (Criminal Alien Requirement CAR) bajo la jurisdicción de la Oficina Federal de Prisiones. Estas prisiones “de segunda clase”, a cargo de notorios contratistas como el Grupo GEO y Corrections Corporation of America, alojan a unos 25,000 inmigrantes cuyos crímenes caen en dos categorías principales: delitos menores de drogas e infracciones de inmigración, como reincidencia al ingresar ilegalmente al país. Hace una década, esta segunda categoría escasamente se trataba como un caso criminal; como explico con mayor detalle, el aumento del enjuiciamiento del ingreso y re-ingreso ilegales se ha convertido en un sello distintivo de las políticas de aplicación del presidente Obama. En 2013, casi un tercio de todos los casos penales federales estaban relacionados con los cruces fronterizos. En Arizona, Nuevo México y Texas, representan el 80% del expediente penal federal.
Las prisiones CAR son distintas de los centros de detención que mantiene el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero no se administran como la mayoría de las prisiones federales (BOP). La mayoría de los presos en CAR no tienen acceso a abogados, y debido a que BOP asume que serán deportados tras purgar su condena, les son negados algunos servicios y consideraciones disponibles para los demás en el sistema penitenciario, como los programas de capacitación laboral o de tratamiento de drogas. Bob Libal, el director ejecutivo de un grupo de reforma de las prisiones de Texas llamado Grassroots Leadership, explicó el razonamiento de BOP: “En un sistema con recursos escasos, ¿por qué deberíamos estar dándolos a los inmigrantes que sólo van a ser deportados?”
“Estos levantamientos son una consecuencia previsible de que la Oficina de Prisiones se hagan los de la vista gorda ante el abuso y el maltrato que ocurre en estas cárceles privadas”, dijo el abogado de la ACLU Carl Takei. Disturbios estallaron en el Complejo Centro de Detención de Reeves en Pecos, Texas, a finales de 2008 y principios de 2009, después de que cuatro presos murieron. Uno de ellos era Jesús Manuel Galindo, que había sido declarado culpable de nuevamente ingresar ilegalmente a Estados Unidos, y murió de un ataque de epilepsia mientras estaba encerrado en confinamiento solitario. Varias prisiones CAR utilizan el aislamiento de reos excesiva y arbitrariamente, la ACLU descubrió. Está plasmado esencialmente en sus contratos: debido a las cuotas, las prisiones de CAR en Texas usan el aislamiento como castigo un porcentaje dos veces mayor que el promedio en las instalaciones de BOP, no obstante que a los reclusos CAR se les considera de baja seguridad.
Takei entrevistó a reclusos de Willacy en 2013. La instalación, dijo, “es un ejemplo físico de todo lo que está mal con la criminalización de la inmigración, y la relación de la industria carcelaria privada tanto con el ICE como con la Oficina de Prisiones”. Willacy fue construido como un centro de detención de ICE en 2006, pero después de una serie de informes sobre abusos sexuales y otros abusos, la agencia transfierió a los detenidos y puso fin a su contrato con Management & Training Corporation, la empresa que gestiona el centro. Apenas un mes más tarde MTC, anunció que volvería a ser el responsable de la detención de inmigrantes en Willacy, esta vez con un nuevo socio: la Oficina de Prisiones. El contrato de diez años tiene un valor de más de 500 millones de dólares.
Aunque BOP observa las condiciones en las cárceles de CAR, según ACLU la agencia no ha hecho cumplir la supervisión y la rendición de cuentas, “dejando a las compañías de prisiones privadas en peligrosas condiciones de impunidad”. En 2010, cuando BOP volvió a evaluar su contrato con el grupo GEO para las facilidades en Reeves, la agencia señaló, entre otros problemas, que “la falta de cuidado de la salud ha impactado enormemente la salud y el bienestar internos” y que “el contratista muestra pocos signos de mejorarlo”. BOP renovó el contrato de todos modos, en parte porque los funcionarios estaban preocupados que BOP perdería “credibilidad como un cliente sólido” con las corporaciones de prisiones.
En este momento, es difícil saber exactamente qué sucedió en Willacy más allá de las declaraciones oficiales, o lo que les espera a los detenidos que han sido transferido. Takei y Libal dijero que los funcionarios de prisiones les habían cortado todos los accesos a las instalaciones y la comunicación con los prisioneros. Pero, a luz de los hallazgos de la ACLU, nada de lo que sucedió es particularmente sorprendente — ni siquiera los informes de que tres de las diez carpas de viviendas fueran incendiadas.
“Un montón de gente se frusta y se pone furiosa ” Dante, el reo de Willacy, dijo a trabajadores de la ACLU en 2013. “A veces llega su frustración al punto que incluso hablan de quemar las tiendas de campaña. Pero ¿de qué sirve? Las vuelven a construir”.
Imagen via The Nation
