Mientras que la el procurador Alejandro Ordoñez de Colombia justificó la destitución e inhabilidad del alcalde de Bogotá Gustavo Petro por el cambio de modelo de la recolección y reciclaje de las basuras de la capital a uno que, poniendo de lado fetiches de terminología económica, en realidad beneficia a ocho millones de bogotanos porque es menos costoso, escribe en El Espectador Eduardo Sarmiento.
La procuradoría, al emitir su fallo en contra de Petro, “no señaló en forma clara las normas que infringió el Alcalde”,
Y al ver de cerca el asunto, dice, el organismo ha confundido “el significado económico del término competencia y la norma constitucional” con la libre empresa.
En la teoría económica la competencia es un estado en que participan múltiples productores y consumidores que les impide afectar en forma directa los precios. Pero este no es el caso de los servicios públicos que están sujetos a las economías de escala y la información asimétrica. Las actividades son dominadas por un número reducido de operadores privados que adquieren poderes monopólicos y establecen precios por encima de los costos para obtener ganancias desproporcionadas.
La procuradoría acusa a Petro de inclumplir el artículo 333 de la Constitución, que le ordena al Estado no obstruir la competencia y evitar los abusos y los excesos de las posiciones dominantes.
Como lo denuncié en la comisión sobre la privatización de Telecom, esta norma es contradictoria porque no distingue entre competencia y libre empresa. La única forma de evitar la posición dominante es limitando la libre empresa. En este entendido, el Alcalde no incumplió la norma constitucional. No obstruyó la competencia porque ésta no existe en los servicios públicos.
Ciertamente, en la ejecución se presentaron imprevistos y fallas que llevaron a la acumulación de de residuos en toda la ciudad. Esto sucedió hace un año explica.
Es claro que el Alcalde fue sancionado por cambiar el modelo de aseo y reciclaje, que se encontraba en el programa de la campaña y en el plan de desarrollo aprobado por el Consejo, lo que le da fuerza de ley. En el fondo, se le acusa de apartarse del modelo de competencia, que es un concepto idealizado que no existe en el servicio del aseo.
Agrega que el nuevo sistema ofrece el mismo servicio a un menor precio, ya está funcionando con lo cual es mejor para el bienestar de Bogotá.
El país se equivocó al concederle facultades omnipotentes al Procurador y elevar la competencia de los servicios públicos a nivel sacro santo. A menos que se acuda a una tercera instancia, se estaría aceptando una jurisprudencia que antepone el fundamentalismo de mercado al interés público.
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