Con motivo del 40 aniversario del inicio de la llamada Guerra Global contra las Drogas, el expresidente de EUA Jimmy Carter publicó en la página de editorial del New York Times un amplio editorial en que dice que la política anti drogas ha sido excesivamente represiva y totalmente mal enfocada, resultando entre otros en un crecimiento desproporcionado de la población carcelaria en EUA.
Pide un cambio total en la política. Daba la importancia del tema, El Molino Online reproduce, con traducción propia, el editorial.
En una extraordinaria nueva iniciativa anunciada a principios de este mes, la Comisión Global sobre Políticas de Drogas ha hecho unas valientes y sumamente importantes recomendaciones en un informe sobre la manera de implementar un control más efectivo sobre el tráfico ilícito de drogas. La comisión está integrada por los ex presidentes o primeros ministros de cinco países, un ex secretario general de las Naciones Unidas, líderes pro derechos humanos, igual que líderes empresariales y gubernamentales, incluyendo a Richard Branson, George P. Shultz y Paul A. Volcker.
El informe describe el fracaso total de los esfuerzos antidrogas mundial actuales, y en particular la “guerra contra las drogas”, que fue declarada por EUA hoy hace 40 años. Observa que el consumo mundial de opiáceos ha aumentado en 34.5 por ciento, la cocaína en 27 por ciento y el cannabis en 8.5 por ciento entre 1998 y 2008. Sus principales recomendaciones son sustituir con el tratamiento el encarcelamiento de las personas que usan drogas sin hacer daño a otras personas, y concentrar mayores esfuerzos internacionales en la lucha contra las organizaciones criminales violentas en vez de los delincuentes de bajo nivel que no son violentos.
Estas recomendaciones son compatibles con la política estadounidense hacia las drogas hace tres décadas. En un mensaje al Congreso en 1977, dije que el país debería descriminalizar la posesión de menos de una onza de marihuana, ofreciendo un programa completo de tratamiento para los adictos. También advertí en contra de llenar las prisiones con jóvenes que no constituían una amenaza para la sociedad, y resumí con las palabras siguientes: “Las sanciones contra la posesión de una droga no deberían ser más perjudiciales para una persona que el uso de la droga misma”.
Estas ideas eran ampliamente aceptadas en aquél momento. Pero en la década de los 80, el presidente Ronald Reagan y el Congreso empezaron a apartarse de las políticas de drogas equilibradas, incluyendo el tratamiento y la rehabilitación de los adictos, hacia los inútiles esfuerzos por controlar las importaciones de drogas de países extranjeros.
Este enfoque exigió un enorme gasto de recursos y la dependencia en las fuerzas policiales y militares para reducir en el exterior el cultivo de la marihuana, la coca y la amapola de opio, y la producción de cocaína y heroína. Un resultado ha sido una escalada terrible de la violencia del narcotráfico, la corrupción y violaciones masivas de los derechos humanos en un creciente número de países de América Latina.
La datos y argumentos de la comisión son convincentes. Recomienda que se anime a los gobiernos a experimentar “con los modelos de regulación legal de las drogas … que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”. Pueden encontrar ejemplos eficaces en las políticas que han producido resultados prometedores en Europa, Australia y otros lugares.
Pero probablemente no mirarán a los EUA para pedir consejo. Las políticas de drogas aquí son más punitivas y contraproducentes que en otras democracias, y han dado lugar a una explosión en la población carcelaria. A finales de 1980, justo antes de que yo dejara la presidencia oficina, había unas 500,000 encarceladas en los Estados Unidos; a finales del 2009 la cifra era de casi 2.3 millones. Hay 743 personas en la cárcel por cada 100,000 estadounidenses, una porción mayor que en cualquier otro país y siete veces mayor que en Europa. Cerca de 7.2 millones de personas están en prisión o bajo libertad condicional – más de un 3 por ciento de todos los adultos estadounidenses!
Parte de este aumento ha sido causado por la sentencia mínima obligatoria y las leyes de “al tercer strike estás fuera”. Sin embargo, alrededor de las tres cuartas partes de los nuevos ingresos a las cárceles estatales son por delitos no violentos. Y la principal causa del crecimiento de la población penitenciaria ha sido la guerra contra las drogas, con el número de personas encarceladas por delitos de drogas no violentos aumentando más de doce veces desde 1980.
Este castigo excesivo no solo ha destruido la vida de millones de personas jóvenes y sus familias (de manera desproporcionada para las minorías), sino que está causando estragos en los presupuestos estatales y locales. El ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger señaló que, en 1980, un 10 por ciento del presupuesto de su estado se fue a la educación superior y el 3 por ciento a las cárceles; en 2010, casi el 11 por ciento se destinó a las cárceles y sólo el 7.5 por ciento a la educación superior.
Tal vez una carga fiscal mayor a los ciudadanos ricos necesaria para pagar la guerra contra las drogas les ayudará a llevar a cabo una reforma de las políticas de drogas de Estados Unidos. Por lo menos las recomendaciones de la Comisión Global dará alguna cobertura a los líderes políticos que desean hacer lo correcto.
Hace unos años trabajé durante cuatro meses al lado de un grupo de presos, que estaban aprendiendo el oficio de la construcción, en la renovación de algunos edificios públicos en mi ciudad natal de Plains, Georgia. Eran jóvenes inteligentes y dedicados, preparándose cada uno para una vida productiva después de cumplir su condena. Más de la mitad de ellos estaban en prisión por delitos relacionados con drogas, y habrían estado mucho mejor en la universidad o una escuela vocacional.
Para ayudar a que hombres como ellos sigan siendo miembros valiosos de la sociedad, y lograr políticas de drogas más humanas y más eficaces, el gobierno estadounidense debería apoyar y promulgar las reformas presentadas por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas.
