Aunque el presidente Santos no lo haya anunciado, analistas y opositores han asumido que la campaña para su reelección arrancó la semana pasada. Esto por la renuncia de su ministro estrella y la conformación de un equipo de muchos quilates para encabezar la fundación Buen Gobierno, que él creara hace unos diez años y desde donde lanzó y coordinó la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.
De acuerdo con la ley, el presidente en ejercicio no puede iniciar actividades proselitistas sino seis meses antes de la fecha de las elecciones en las que aspira ser reelecto, entonces el presidente no puede hacer oficial su deseo reeleccionista.
Esta es una de las cosas que le quedaron mal hechas al legislador cuando mediando notarías y otras prebendas se apresuró a organizar un Acto Legislativo para reelegir al presidente de turno, léase Álvaro Uribe. En efecto es más grave que el presidente de turno, sea Santos o el que sea, pueda enfocar sus esfuerzos hacia la reelección sin anunciarlo que lo que se pretende que es que el presidente de turno haga una campaña de reelección de incógnito.
Por ejemplo puede el presidente utilizar los espacios “institucionales” que los programadores comerciales de la televisión tienen obligación de ceder, para hacer la apología de su obra de gobierno.
No es campaña dirán, es comunicación de resultados que es lo que debe hacer todo buen gestor.
Yo no les creo.
Mientras tanto sus contendores tienen toda clase de limitaciones bajo el sofisma que la campaña no ha comenzado.
Esta vez les tocó a los uribistas sufrir los efectos del estatuto que crearon ellos mismos ¡Y cómo se han quejado!
Bien, así y todo estamos en campaña.
Y a mí eso me gusta mucho.
Los opositores ya no podrán decir que sus críticas son por amor a la patria, tendrán que reconocer que son por amor a los votos. Destaca entre las campañas de los miembros del Puro cuento Democrático la altura con que Óscar Iván Zuluaga inició la suya proponiendo un debate de cierta altura, de ideas.
Ojalá otros miembros de ese colectivo siguieran su ejemplo.
Coincide con el inicio de la campaña el anuncio de un acuerdo sobre el primer punto de la agenda de negociación acordada entre el Gobierno y las FARC
¿Coincidencia?
¡Si claro! No me crean tan pendejo diría mi papá.
El acuerdo anunciado es una muy buena noticia especialmente por el tema sobre el que se logró.
Los detalles del acuerdo en sí no los conocemos y creo que nos quedaremos sin conocerlos, por ahora, ya que todos los diálogos están basados en el principio que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Lo que los negociadores de las dos partes anunciaron en el acto del domingo fue que habían llegado a un acuerdo sobre lo fundamental en materia de propiedad y desarrollo agrario.
“Entre los aspectos incluidos en este primer documento aparecen el acceso al uso de la tierra, la formalización de la propiedad agrícola, definiciones en torno a la frontera agrícola, la protección de las zonas de reserva campesina y otros aspectos conexos a la modificación de las condiciones del mundo rural. Otros temas anunciados en el primer acuerdo fueron la creación de un fondo de tierras para la paz, una jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad en el campo, mecanismos de 27) restitución para las víctimas del despojo y el desplazamiento y otros estímulos a la producción agropecuaria.” (El Espectador Mayo 27, 2013).
El acuerdo es importante per se.
El conflicto que ha azotado a Colombia, produciendo más de 600,00 muertos y más de 3 millones de desplazados, tiene origen rural.
El que el primer acuerdo que se anuncie sea justamente sobre el tema rural es de por sí trascendental.
En el contenido, el que las FARC, de procedencia comunista, acepten un acuerdo que respeta la propiedad privada y la formalización de la propiedad agrícola, y el que el Gobierno colombiano esté dispuesto a comprometer al Estado a defender las zonas de reserva campesina, me parece a mí que fui de izquierda y que ya afortunadamente no lo soy, absolutamente histórico e importante.
Ahí hay compromiso.
Pero estamos en campaña y la oposición no puede tragarse el acuerdo, lo tiene que criticar.
Lástima que las reacciones hayan sido tan paupérrimas.
Uribe dice que un acuerdo sobre el tema que nos ha tenido sumidos durante los últimos sesenta años en un constante baño de sangre es un premio a la impunidad, o sea el acuerdo puede ser bueno pero a Uribe no le gusta porque él lo único que acepta es la aniquilación.
Pachito Santos en tono camorrero le manda decir a las FARC que si a él no le gusta el acuerdo, Colombia no se los aceptará. Creo que se le atoraron las encuestas que dicen que es el favorito entre los candidatos de puro cuento democrático y ya se cree presidente.
El premio de excelencia se lo lleva, sin embargo, Enrique Peñaloza con su twitt en el que palabra más palabra menos dice que las FARC y el Gobierno han debido hacer un acuerdo sobre temas urbanos para acabar un conflicto de origen rural y que sucede en el campo ¡brillante! Afortunadamente no se le ocurrió proponer que el acuerdo incluyera unos trans-milenios y unos bolardos en los ríos Caquetá y Putumayo.
Como estamos en campaña así el Presidente no se haya lanzado porque la ley no lo deja, el Gobierno tiene que decir que es un acuerdo trascendental e histórico.
En realidad no sabemos si el acuerdo es bueno o malo porque no lo conocemos.
Es injusto asumir que para lograr el acuerdo el Gobierno haya tenido que ceder más allá de lo que sería conveniente porque no sabemos qué tanto cedió.
Por ahora yo me siento medianamente optimista sobre el futuro del proceso.
Siempre pensé que el tema que más trabajo constaría negociar era el del agro.
Porque ese es el tema que está en el corazón de las FARC que son un movimiento campesino que dirigen algunos líderes doctrinarios de origen comunista urbano. Y porque los demás temas de la agenda de negociación tiene que ver más con procesos que con el modelo de Estado y de sociedad que hemos escogido los colombianos.
Como nada está acordado hasta que todo esté acordado, esto todavía se puede dañar.
Me espanta un poco que en cuanto se acerque la fecha de Octubre, que es cuando el presidente debe hacer pública su decisión de buscar la reelección, el debate se politice y lo negociadores caigan en la trampa de la política electoral.
Las FARC podrían incrementar sus exigencias al sentir que el presidente Santos necesita un acuerdo. Los negociadores del Gobierno podrían sentirse presionados y hacer concesiones innecesarias. Lo prudente es esperar que así no sea.
