14205686 – symbol of law and justice, law and justice concept, focus on the scales[/caption]
Cargo con un apellido que significa muchas cosas. Una de ellas abogados. Buenos. Mi abuelo, mi padre, mi tío y mi hermano fueron importantes abogados. Mi abuelo y mi tío internacionalistas. Mi padre y mi tío fundaron una firma de abogados cuyo prestigio es de todos conocido. Yo no soy abogado. Perdonarán entonces los lectores que mi reflexión de hoy posiblemente carezca de ese criterio. Hoy hablo desde el menos común de los sentidos, el sentido común.
Me dejé convencer con el cuento de la justicia transicional y llegué a creer y a defender la Justicia Especial para la Paz como aquel tribunal que garantizaría la verdad, la reparación y la no repetición. Critiqué y me opuse a quienes sostenían hace cuatro años, en 2016, que la JEP era el tribunal de la impunidad creado por un comunista español y por Álvaro Leyva para lavar los delitos de lesa humanidad cometidos por los líderes de las FARC y para condenar a empresarios y hacendados por sus supuestos vínculos con las autodefensas. Ese discurso se les escuchó a los promotores del NO en el plebiscito. El resultado del plebiscito es por todos conocido, ganó el NO pero perdió porque en Colombia en carrera larga hay desquite y en el teatro Colón se consumó el desquite. Así las cosas, Colombia quedó comprometida con unos acuerdos que la mayoría de los votantes no habían aprobado.
Para bien o para mal, que es una de esas frases que usamos para justificar lo injustificable, nos tocó montarnos en el tren de la implementación de los acuerdos. Corren tiempos de reclamos. Se le reclama a débil gobierno de Duque fallas en la implementación de los acuerdos. Se le culpa del asesinato masivo de los líderes sociales. Se le demanda que desmonte el ESMAD por sus excesos en el control de actos de vandalismo y de terrorismo durante eso que mal llaman la “protesta social”.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía mi admirado Cantinflas. Cierto es que el sector más radical del Centro Democrático partido de gobierno quisiera hacer trizas los acuerdos. Pero hay que admitir que el gobierno de Duque ha intentado implementar lo implementable de los acuerdos. Le ha tocado, eso sí, lidiar con el toro más difícil del encierro y con pocas herramientas.
Mucho reclamo al gobierno. ¿Y las cortes?
Cómo pretenden quienes tanto critican que cualquier proceso de paz se implemente en un país en que la justicia no existe.
Empecemos con la tristemente célebre JEP. En un cuestionable ping-pong con la Corte Suprema permitieron que Jesús Santrich, Iván Márquez y alias El Paisa se hayan vinculado con bombo y platillo al nuevo cartel del narcotráfico, de la minería ilegal, el abigeato, la extorsión y el secuestro, llamado las “disidencias”. Pero la joya de la corona ha sido la sentencia de esta semana en la que declaran que el atentado con un carro bomba contra le Escuela Superior de Guerra, en el Cantón Norte, vecina de la Universidad Militar y situada en medio de un barrio residencial de Bogotá no fue un acto terrorista sino un acto legítimo de guerra enmarcado en el derecho internacional humanitario. A ver, un carro bomba es lo que define le DIH como un arma no convencional, equiparable a los cilindros de gas. A ver, poner una bomba en una zona residencial en donde existe un riesgo tangible y real de afectar a civiles protegidos por el DIH es un acto terrorista expresamente definido por el DIH.
Le dieron la razón a quienes promovían en NO. La JEP ha resultado ser un tribunal cuyo propósito es el castigo a los actores del Estado y la impunidad a los miembros del grupo terrorista FARC.
En una de estas nos sorprenden declarando que el reclutamiento forzoso de niños y niñas fue un acto legítimo en el marco del conflicto y que por lo tanto es amnistiable.
El negocio del narcotráfico que floreció al amparo de la suspensión de las acciones del Estado contra la siembra de coca durante las conversaciones de La Habana, ha creado un nuevo fenómeno, una nueva era en el desarrollo de las actividades ilícitas en Colombia. En el Catatumbo, en Cauca, en Nariño, en los Montes de María, volvió la guerra, con otros actores o de pronto con los mismos actores con nuevos brazaletes. El común denominador de los grupos armados por fuera de la ley ya no es una ideología, comunista o maoísta o nacionalista o de extrema derecha, es la ilegalidad. La extorción, los cultivos ilícitos, los secuestros y la minería ilegal son el combustible que mantiene rodando esas maquinarias del terror. Asesinan a quien no colabora o a quien critica y ahí van cayendo líderes de las comunidades indígenas que se oponen a que las tierras ancestrales se dediquen al cultico de la coca, van cayendo líderes comunitarios que denuncian la presencia de bandas criminales, disidencias, elenos o pelusos, quienes todos a una como Fuenteovejuna, le hacen la tarea sucia a carteles internacionales. Delincuencia 4G amparada por la JEP.
He ahí el gran lunar en la implementación de los acuerdos de paz. Por ejemplo, se ha dicho que los monstruosos y masivos asesinatos de líderes sociales son responsabilidad del Estado. Cierto, hay un brazo del Estado, la JEP, que mucho tiene que ver con esta responsabilidad. A los líderes sociales los están matando las bandas organizadas listadas en el párrafo anterior, a muchos posiblemente por su ideología, pero a muchos otros por que se oponían a la expansión de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Masacres amparadas por la JEP.
