No recuerdo que estupidez había yo cometido como director del ICBF, pero si recuerdo que estaba comentando la situación con mi consejero en lo fundamental, mi padre. Acabé yo de describir la situación. Él se quedó un momento en silencio y me dijo, Juan Manuel, cuando las cosas se hacen mal, quedan mal hechas y salen mal. Me costó un rato entender si me estaba mamando gallo o si me acababa de decir algo profundamente esencial. Seguimos conversando y me explicó. Esa frase quiere decir que cuando un dirigente o gobernante o empresario toma una decisión o impulsa una acción a sabiendas que esa no es la mejor alternativa, sino que “toca” escoger la mala, pues le sale mal.
En medio de cuentas de nuevos infectados, de muertos, de recuperados y demás cifras de la pandemia nos enteramos de refilón que casos insignia de la corrupción, como el del “cartel de la toga” van a pasar a la Justicia Especial para la Paz. ¿Que qué?
Juan Manuel, cuando las cosas se hacen mal, quedan mal hechas y salen mal…
Cuando en medio de las negociaciones de los acuerdos de la Habana surgió el muy esencial asunto de la justicia transicional, el debate fue intenso. Desafortunadamente la discusión que era clave se apartó de la esencia para darse en el campo de la política. Ya no fue una discusión entre dos líneas de pensamiento de filosofía del derecho, o entre dos interpretaciones de la concepción misma de la justicia transicional que hubieran sido válidas y seguramente productivas. No, la discusión se volvió una discusión politizada. Para la oposición, la JEP, cualquiera que fuera su diseño, era un tribunal de impunidad. En respuesta el gobierno y sus negociadores resolvieron sacar adelante la JEP, a cualquier precio, aun sacrificando elementos fundamentales de la justicia transicional. No sé cuántas veces nos tocó a los colombianos oír cosas como ese sapo “hay que tragárselo” o * este es el mejor acuerdo posible”.
Había que firmar. Y para firmar mandaron a la Habana a mucha gente de mucha valía. Pero, en el tema de la justicia transicional, tranzaron, cedieron, aceptaron y nació la Hidra de la Habana, que como la Hidra de Lerna es un monstruo con mil cabezas.
Para firmar se excluyeron, por ejemplo, de la lista de delitos de lesa humanidad que no tendrían cabida en el tribunal especial, el reclutamiento, la explotación y la violación de niñas, niños y adolescentes.
Para firmar se cedió en la composición de la JEP dando las bases para que se la tomaran un grupo de “magistrados” cuestionables y cuestionados por su ideología marcadamente izquierdista.
Para firmar se dejó buena parte de la reglamentación del tribunal especial al congreso.
Y si la JEP quedó mal hecha, los resultados son los que se producen cuando las cosas se hacen mal.
Por cuenta de la JEP, Santrich pudo volver mondo y lirondo al monte venezolanos desde donde coordina las labores de su verdadera vocación, el narcotráfico. Por cuenta de la JEP, específicamente de su secretaria ejecutiva Martha Lucía Zamora, Iván Márquez, Romaña y El Paisa lo acompañan en sus nobles emprendimientos.
Y ahora por cuenta de la JEP el explotador de niñas, Álvaro Ashton y el insigne pillo Musa Besaile aspiran a obtener los mismos beneficios de Santrich y sus compinches.
La justificación fundamental de la necesidad de una justicia transicional es que un proceso de verdad, reparación y no repetición es indispensable para la superación del conflicto y la construcción de la paz.
La JEP ha concentrado ingentes esfuerzos por establecer la verdad en los casos de las desapariciones y ejecuciones de civiles conocidas como los falsos positivos y así debería ser. Pero no ha tenido la misma voluntad de descubrir la verdad en el caso de los secuestros perpetrados por las FARC que insisten el llamar retenciones ni mucho menos en los casos del reclutamiento y de abuso y explotación sexual de niños y niñas ampliamente denunciados por organizaciones como Rosa Blanca a quienes la JEP se niega a escuchar.
¿Qué nos puede hacer pensar que van a hacer con el cartel de toga un trabajo mejor?
Lástima, la intención era buena. Un tribunal especial para implementar la justicia transicional sonaba como una buena idea. Sobre todo, ante la conocida inoperancia de la justicia ordinaria. Pero quedó mal hecho.
Por ahora lo que ha producido la JEP es una costosa burocracia, millonarias y cuestionadas contrataciones, mucha impunidad y mucho discurso.
¿Para cuando la verdad, la reparación y sobre todo la no repetición?
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