Publicado en inglés el 22 de marzo del 2013 en la revista The Nation bajo el título “Life, Death and Accountability in Anaheim“. Traducido con autorización especial. Por Aura Bogado.
Manuel Díaz, de 25 años, pasaba un sábado soleado de julio en Anaheim, California, cuando dos agentes de la policía se le fueron acercando. Díaz salió corriendo, y los oficiales de la policía de Anaheim Nick Bennallack y Heitman Brett le persiguieron. Momentos más tarde, Bennallack disparó y ultimó a Díaz — quien estaba desarmado — en el césped de un complejo de apartamentos. Esta semana, la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange emitió el fallo de que el tiroteo había sido justificado.
El video tomado inmediatamente después del disparo es escalofriante. Un transeúnte frustrado grita, “¡Todavía está vivo! Llamen a la policía!” Los oficiales aparecen confusos y frenéticos, ansiosos por que retroceda la multitud creciente — pero sin revisar una sola vez los signos vitales de Díaz. Se escucha la voz de otro espectador en español, instando a los testigos a que graben en video todo que está sucediendo, recordándoles que “La ley permite grabar [a los oficiales]”.
Ese video provocó la indignación el año pasado y los residentes se movilizaron en protestas callejeras. Las manifestaciones fueron recibidas con una violencia creciente por parte de la policía de Anaheim, que utilizó perros K9 y disparó balas de goma desde distancias peligrosamente cortas, no sólo contra hombres y mujeres, sino también contra niños pequeños.
Anaheim no es única. De costa a costa, hay un patrón predecible de violencia policial mortal contra los jóvenes (generalmente hombres jóvenes) de color, seguida por la indignación de la comunidad, a su vez seguida la deplorable represión policial. Esas son las etapas a corto plazo, que concluyen con una decisión posterior de absolver de cualquier procedimiento incorrecto a los agentes implicados, dejando a una comunidad ya descorazonada con la decepción permanente.
Tal es el caso que se está viviendo en Brooklyn, donde Kimani Gray, de 16 años de edad, fue asesinado en East Flatbush a principios de este mes por policías de New York vestidos de civil. Rosa Clemente, escribiendo en Ebony, recientemente se pregunta si estamos utilizando los términos adecuados cuando hablamos de este tipo específico de violencia: “El asesinato Kimani no es sólo un caso de brutalidad policial, es un ejemplo más de las violaciones en curso contra los derechos humanos de jóvenes en su mayoría negros y latinos en New York y ciudades por todo el país”.
Ella tiene razón — la palabra “brutalidad” apenas comienza a captar la violación del derecho fundamental a la vida que todos deberíamos disfrutar. Clemente concluye que mientras que los líderes políticos se apresuran a reconocer las violaciones de derechos humanos en otros países, rara vez reconocen violaciones en EUA, especialmente en las comunidades de color.
Hemos llegado a aceptar en gran parte al hecho inevitable de que algunos jóvenes de color serán muertos a tiros con impunidad. También hemos llegado a aceptar que la indignación de la comunidad a raíz de estos asesinatos será reprimida con una fuerza increíble — en Anaheim, equipos SWAT con trajes camuflados desfilaron por las calles e intimidaron a los manifestantes; mientras que en Brooklyn, la policía declaró “zona congelada” que esencialmente congela los derechos de la Primera Enmienda.
Anaheim, una ciudad esencialmente segregada está lidiando con el hecho de que otro oficial de la policía blanco disparó y mató a un latino desarmado y no tendrá que rendir cuentas por ello. Desgraciadamente no va a ser la última vez.
