Editorial de la revista The Nation, publicado en la edición impresa de mayo 5, 2014; y en la página web bajo el título, “Why Has Obama’s Approval Rating Among Latinos Fallen 20 Points Since Election Night?”. Traducido con autorización especial.
Como parte de su esfuerzo por ganar el apoyo republicano para la reforma de un sistema de inmigración disfuncional y cruel, el presidente Obama ha implementado medidas que han resultado en casi 2 millones de deportaciones en cinco años, incluyendo un récord de 410,000 en el año fiscal 2012. Entre 2010 y 2012, 200,000 padres de niños nacidos en EUA fueron deportados. Como resultado de ello, aproximadamente 5,000 hijos de deportados se encuentran hoy en hogares de crianza. Si la tendencia continúa, se espera que esta cifra alcance los 15,000 en enero 2017.
La política de Obama es una falla moral que también le ha causado daño políticamente. A pesar de las draconianas medidas, los republicanos todavía lo acusan de ser demasiado indulgente; al mismo tiempo, esta política ha enfurecido a algunos de sus más firmes defensores. En respuesta, en el 2011 el presidente anunció que las deportaciones se limitarían a criminales peligrosos, y en 2012 anunció el cese temporal de las deportaciones de jóvenes que califican bajo las directrices del DREAM Act con respecto a la educación o el servicio militar. Aun así, este mes el New York Times ha hecho público un estudio sobre 3.2 millones de deportaciones a lo largo de diez años que muestra que sólo el 20 por ciento de los deportados habían cometido delitos graves; cerca de dos tercios habían cometido únicamente infracciones menores tales como violaciones de tráfico.
Obama ha dicho que carece de la autoridad legal para suspender su estricta política de aplicación, pero los expertos no están de acuerdo. Como observó el difunto Presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist , “la decisión de una agencia de no procesar o ejecutar [ una ley ] es una decisión generalmente comprometido con la absoluta discreción de la agencia”. Por otra parte, las propias acciones del presidente –incluyendo no sólo el diferimiento DREAM, sino también un medida adoptada el año pasado que legaliza de facto las familias militares — son ejercicios de esas facultades discrecionales.
La Casa Blanca ha advertido de que una reducción de las deportaciones podría impedir la reforma, porque los republicanos no confarán que el presidente haga cumplir la legislación futura. Pero medidas ejecutivas en este momento en realidad podrían impulsar la reforma; no sólo obtendrían apoyo electoral para el presidente y los demócratas en las comunidades de inmigrantes, sino también abrirían una brecha entre republicanos anti-inmigrantes de línea dura y los republicanos convencionales que apoyan la reforma, porque saben que no pueden seguir alejando las poblaciones hispana y asiática de rápido crecimiento (se espera que la proporción de hispanos en el electorado se duplique para el 2030).
Los demócratas ciertamente no pueden dar por sentado el apoyo de las comunidades de inmigrantes. Una encuesta reciente encontró que si las deportaciones continúan al ritmo actual, el 34 por ciento de los hispanos y el 29 por ciento de los asiático-estadounidenses culparán a Obama y a los demócratas. Desde las elecciones de 2012, el índice de aprobación del presidente entre los latinos ha caído del 73 al 54 por ciento.
Es posible que Obama finalmente esté recibiendo el mensaje. Tras reunirse con el secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, en abril, los líderes del Caucus Hispano del Congreso expresaron renovada esperanza por la acción ejecutiva. El representante Luis Gutiérrez promete que si no hay una acción legislativa antes de julio y el mismo Obama no toma acción, los activistas aumentarán la temperatura de la calle. Por lo menos, se precisa una reducción sustancial en las deportaciones y el número de familias separadas. Otras medidas incluyen la ampliación de los aplazamientos de deportación de los DREAMers a otras categorías de personas, como los padres indocumentados de niños que tienen la ciudadanía, así como el otorgamiento de estatus legal temporal y un mayor acceso a los permisos de trabajo .
El cumplimiento de buena fe de la limitación de crímenes graves por sí solo podría reducir las deportaciones en un 80 por ciento. No hay nada en la ley que prohiba tal enfoque y es algo que exigen tanto una política inteligente como la compasión básica.
