Publicado en inglés el 9 de mayo del 2013 en la revista The Nation bajo el título “Suicides or Hate Crimes in Immigrant Detention?“. Traducido con autorización especial. Por Aura Bogado.
Mientras que los legisladores comienzan a ofrecer modificaciones de carácter predominantemente draconiano para la propuesta de reforma migratoria de la Banda de los Ocho, el vicepresidente Biden ha anunciado que espera que el proyecto de ley pase para el final del verano. Debido a que las deportaciones no se han suspendido, ello significa que aproximadamente un millón de personas podrían ser deportadas entre enero y agosto de este año — el período de tiempo desde que se presentó el proyecto de ley hasta que finalmente pueda ser aprobado por el Congreso. Todos estos deportados en primer lugar pasarán por el proceso de detención de inmigrantes, en donde algunos se enfrentarán la muerte antes de la deportación.
En Arizona, donde se encuentran cinco centros de detención para inmigrantes, puede verse el conglomerado de intereses públicos y privados que conforman este sistema de detención. Cuatro de estos centros están en Florence, y otro a una media hora en auto, en Eloy. Uno está administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otro se administra desde una cárcel de la oficina del sheriff local y los otros tres son propiedad privada de la Corrections Corporation of America (CCA). Debido a que los inmigrantes detenidos enfrentan penas civiles y no criminales — los centros de detención, por definición, no son castigo. Pero las condiciones sugieren que este tipo de cautiverio de hecho constituye una penalización.
El Centro de Detención de la CCA en Eloy ha sido durante mucho tiempo objeto de escrutinio por lo que los defensores de derechos humanos dicen son condiciones que condujeron a casi una docena de muertes en menos de una década. El suicidio no es un fenómeno nuevo en este sitio, pero dos aparentes suicidios recientes en el transcurso de sólo tres días han llamado nuevamente la atención sobre el centro Eloy. Elsa Guadalupe González, de 24 años de edad y nacida en Guatemala, estaba detenida en Eloy desde el 20 de marzo. Las autoridades dicen que el 28 de abril, otra interna reveló que se había ahorcado. Jorge Mario García Mejía, de 40 años y también de Guatemala, llegó a Eloy el 22 de marzo, y las autoridades dijeron que también se ahorcó el 30 de abril. ICE dice que está investigando los aparentes suicidios.
Guatemala está exigiendo una investigación exhaustiva. La prensa en español informa que funcionarios de relaciones exteriores han declarado que dos personas muertas en dos días diferentes en aparentes suicidios en un centro de detención son una grave señal de alarma. Y aunque EUA ha respondido que tomará en serio los aparentes suicidios, no todo el mundo está convencido. Una funcionaria del gobierno de Guatemala, Alejandra Gordillo, dice que está preocupada de que no se vayan a investigar las muertes, y que lo que puede parecer como dos suicidios en realidad pudo haber sido “actos racistas contra migrantes guatemaltecos”. Pero si las muertes son el resultado de suicidios coincidentales o algo más siniestro no está claro, ya que Eloy opera sin supervisión independiente y las autoridades federales no han sido muy explícitas sobre anteriores muertes dudosas en el centro.
Dos de los ocho autores del proyecto de ley de inmigración del Senado son de Arizona — donde, además de atacar a los inmigrantes mediante el uso de perfiles raciales, la mezcolanza en el sistema de detención pone en peligro la vida de las personas a un costo innecesariamente elevado. Detention Watch está pidiendo a los senadores McCain y Flake que cierren Eloy y pongan en libertad a los detenidos antes de que más ocurra una tragedia.
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