La medida que el gobernador John Kitzhaber de Oregón acaba de tomar no le va a ganar muchos amigos entre los partidarios de la pena de muerte.
Aún así, anunció ayer que no suspendería las ejecuciones durante el tiempo que sea gobernador, escribe Jonathan J. Cooper de la Associated Press.
Esto le ha ganado cierto tiempo a Gary Haugen, quien tenía cita con el verdugo el 6 de diciembre y había abandonado toda apelación como señal de protesta contra el sistema judicial.
Dijo Kitzhaber, “No puedo participar nuevamente en algo que considero moralmente incorrecto”. Se refirió claramente a dos ejecuciones (1996 y 1997) que había permitido durante su mandato previo como gobernador.
Los familiares de la víctima de Haugen dijo a la AP que el gobernador es un “cobarde”.
Kitzhaber, quien fue elegido el año pasado por tercera vez luego de una ausencia de la política de ocho años, es médico de profesión y conocido por su oposición a la pena de muerte. En una conferencia de prensa se refirió a su juramente de “no hacer daño” como clave en su decisión.
En Oregón, la pena capital ha sido ilegalizada dos veces y vuelta a legalizar, dice la AP. Otra vez fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.
En 1984, el electorado del estado la aprobó con un 56 por ciento de la votación.
