Publicado en inglés el 9 de julio 2014 en la revista The Nation bajo el título “How US Foreign Policy Created an Immigrant Refugee Crisis on Its Own Southern Border”. Traducido con autorización especial. Por James North.
McALLEN, Texas — El objeto más importante que Esperanza Ramírez y su hija de 3 años de edad trajeron con ellaas durante los 13 días de su éxodo de 1,200 millas a través de México fue pequeño trozo de papel con el número de teléfono de la hermana de Esperanza en Long Island. Llevaba doblado el papelito para hacerlo aún más pequeño, escondido entre lo poco que llevaban. Bandas de narcotraficantes criminales a lo largo del Golfo de México han encontrado un negocio lucrativo: secuestran refugiados centroamericanos que fluyen hacia el norte y los obligan a llamar a sus familiares en EUA para que les giren el dinero para el rescate. “Yo sabía que no se puede dejar que se enteren de que uno tiene contactos aquí”, dijo mientras Angélica, su agotada hijita dormía en su regazo. “Es mejor que piensen que eres pobre y estás sola.”
Las Ramírez (hemos cambiado sus nombres para protegerlos de represalias) lograron pasar a través de México y cruzar sanas y salvas el Río Grande, al sur de aquí. Pero Esperanza, de 24 años de edad, ha tenido que vivir con la violencia toda su vida. Ella y su hija acababan de escapar de la ciudad más peligrosa del mundo, San Pedro Sula, en Honduras, en donde las dos bandas criminales más grandes, que tienen decenas de miles de miembros por toda la región, combaten con armas automáticas. La ciudad se ha convertido en una zona de guerra, con una tasa de homicidios de 193 por cada 100,000 habitantes (la tasa de la ciudad de Nueva York es de 5.1). El padre de Angélica murió a causa de la violencia relacionada con las pandillas hace un par de años. “En algunos barrios, las personas están abandonando sus hogares por miedo”, dijo. “Las pandillas están asesinando incluso a niños de 8 años de edad que no se les unen”.
Tanto bajo el derecho internacional como bajo la ley estadounidense, el caso para asilo en EUa para Esperanza y Angélica Ramírez es sólido. Pero respecto a la crisis de refugiados de América Central, EUA tiene una responsabilidad moral particular que es todavía más profunda. Los estadounidenses, especialmente los jóvenes estadounidenses, están probablemente más enterados sobre el genocidio de 1994 en Ruanda que sobre cómo su propio gobierno financió dictaduras asesinas de derecha en América Central durante la década de 1980. La violenta e inmoral política del gobierno de Reagan incluyó US$5 mil millones en ayuda a la alianza militar/terrateniente en El Salvador, lo cual prolongó un conflicto terrible en el que murieron unas 75,000 personas — una cifra proporcionalmente equivalente a la tasa de bajas durante la guerra civil americana. Pero una vez que se firmaron los acuerdos de una paz inestable en la década de 1990, EUA se alejó, abandonando a su suerte y que se reconstruyera por cuenta propia la destrozada región.
Como respuesta al éxodo actual, el presidente Obama está mostrando poca preocupación por el derecho internacional, y ninguna en absoluto por la propia responsabilidad histórica de Washington en América Central. En cambio, el gobierno anunció el 28 de junio que está pidiendo al Congreso que cambie la ley para que EUA pueda deportar a los niños refugiados con mayor rapidez.
El mismo nombre de una de las pandillas más grandes — Mara Calle 18 o M18 — revela los orígenes de la crisis actual. La Calle 18 no se encuentra en San Pedro Sula ni en San Salvador, ni en ninguna de las otras ciudades centroamericanas desgarradas por la guerra entre pandillas o maras. La Calle 18 es, en realidad en Los Ángeles, donde se originaron esta banda y su rival, la Mara Salvatrucha, entre los salvadoreños jóvenes que habían sido desplazados por la guerra civil en la década de 1980. Después de que EUA comenzó deportaciones, los pandilleros regresaron a Centroamérica, algunos apenas escasamente hablando español y sabiendo únicamente hacer una cosa: tomar las armas que ya habían inundado la región y empezar a matar. Durante la década de la guerra civil, la vida familiar y comunitaria se habían debilitado, con lo cual las bandas de recién llegados llenaron parcialmente un vacío.
La responsabilidad de EUA en Honduras, el país de donde son Esperanza y nación es aún más reciente. En 2009, los militares hondureños derrocaron al gobierno electo, y el gobierno de Obama aceptó el golpe de Estado ante las valientes protestas de las fuerzas pro-democracia allí. El respetado International Crisis Group, explica que la agitación política debilitó el gobierno central, y en algunos lugares las bandas criminales se convirtieron en la autoridad de facto. Además, la guerra de Washington contra las drogas, en Honduras y en otros lugares, también ha elevado el nivel general de violencia.
Aquí en McAllen, el centro comunitario de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón se ha convertido en un punto de descanso para los adultos con los niños que fluyen a través de la frontera en el Valle del Río Grande. Los niños que viajan solos no vienen aquí; a ellos se les mantiene hacinados en centros de detención de la Patrulla Fronteriza hasta que un familiar que ya esté en los Estados Unidos les envía fondos para un boleto de avión para que se vayan a donde ellos, en espera de una resolución de su caso de inmigración. (Aproximadamente el 90 por ciento de los centroamericanos ya tienen un miembro de la familia en EUA.)
Lo que se destaca aquí en el Centro de Bienvenida es pequeñez de algunos estos niños; una chiquita sostiene un osito blanco de peluche, un niño de cabellos cortos de cuatro años de edad juega con un carrito, incluso una madre da el pecho a su bebé. A medida que van pasando por la puerta, exhaustos y sedientos los recién llegados, los voluntarios los reciben con aplausos. La Hermana Norma Pimentel, que está administrando el esfuerzo de ayuda, dice, “Son nuestros invitados, y vamos a tratarlos con amor y respeto”.
Kimi Jackson dirige el proyecto de asistencia legal ProBAR en las cercanías de Harlingen, y sus nueve abogados de tiempo completo han sido inundados por el número de refugiados. Señala que muchos de los centroamericanos tienen derecho a “un alivio legal”, que les permita permanecer en EUA, y ella y su personal tratar de visitar a los niños en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza para darle una charla de “Conozca a su Derechos”. (En marzo, el informe “Children on the Run” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calculó que el 58% de los centroamericanos que huían a través de México han sido “desplazados por la fuerza” y por lo tanto tienen derecho a la “protección internacional”).
Jackson está preocupada, sin embargo, que muchos de los refugiados no pueden obtener la ayuda legal que merecen. “Tenemos niños de sólo 6 o 7 años de edad representándose a sí mismos frente a los jueces de inmigración”, dijo. (Hay una propuesta en el Congreso, llamada la Ley Viva, para financiar la justicia gratuita para los recién llegados, pero en el actual clima de hostilidad anti-inmigrante, no es probable que pase.) KIND (Kids in Need of Defense), una organización con sucursales en las principales ciudades de Estados Unidos, trata de conseguir abogados pro bono para los niños no acompañados.
Hay pruebas circunstanciales de que este último auge de madres y niños de Centroamérica está formado por auténticos refugiados de la violencia generalizada, y no por inmigrantes económicos. La propia Patrulla Fronteriza informa que a pesar de la explosión de los niños no acompañados, — se espera que alcance los 90,000 para el 30 de septiembre y sus cifras globales de aprehensión a lo largo de la frontera sólo han aumentado ligeramente, y “permanecerán en niveles históricamente bajos”. (Cabe destacar entre el éxodo la ausencia de niños de Nicaragua, un país que es aún más pobre que el Salvador, Honduras y Guatemala, pero que no tiene una crisis de maras.)
En un día o dos, Esperanza y Angélica Ramírez continuarán su odisea. Ella ya se valió del protegido número de teléfono para contactar a su hermana, quien giró el dinero para dos boletos de autobús. El viaje durará cincuenta y una horas. Ramírez recibirá una cita con un juez de inmigración en el estado de Nueva York.
Durante nuestra larga conversación, Ramírez se mantuvo alegre y enérgica. Incluso encontró divertido que una etapa de su viaje tuvo lugar dentro de un vehículo patrullero mexicano; el coyote de los Ramírez debió haber pagado a la policía. Su momento más aterrador fue cruzar el Río Grande; la balsa estaba llena de gente y ella no sabe nadar.
Al final, sin embargo, Ramírez irrumpió en llanto, cuando recordó sus últimos días bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Alguien entre las autoridades — ella no dijo específicamente quién — dijo a ella y las otras mujeres y niños que dormían en el piso del centro de detención que eran “parásitos” venidos a EUA para vivir de la gente de aquí. “Eso no es verdad,” dijo llorando levemente. “Me dolió escuchar eso. Yo voy a hacer cualquier tipo de trabajo. Pero de dónde venimos no hay trabajo en absoluto. Ni siquiera se puede salir de casa sin peligro”.
