Publicado en inglés el 4 de octubre 2003 en la revista The Nation bajo el título “Napolitano’s Hipocrisy on Immigration”. Traducido con autorizaciónespecial. Por Aura Bogado.
Por segunda vez, un fundamental proyecto de ley llamado el Trust Act espera la firma del gobernador de California Jerry Brown para su aprobación. Este proyecto de ley esencialmente pondría un alto a la forma en que los inmigrantes son criminalizados y deportados bajo un programa llamado Comunidades Seguras. Dicho programa se convirtió en un importante engranaje en la maquinaria de deportaciones del gobierno federal — en gran parte bajo la dirección de Janet Napolitano, quien dirigió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pero Napolitano se ha marchado de Washington y actualmente está disfrutando de su nominación como presidenta de la Universidad de California. Ahora, ella le dijo a un grupo de estudiantes que apoya el Trust Act.
El programa Comunidades Seguras requiere que los funcionarios locales entreguen las huellas dactilares de todas las personas que sean detenidas o procesadas a través de una cárcel o prisión a Inmigración y Control de Aduanas, o ICE. Si esa persona se considera una amenaza para la seguridad nacional o del público, la agencia emite una orden de detención, que indica a las cárceles y prisiones locales que detengan al inmigrante en cuestión hasta cuarenta y ocho horas de entre semana, hasta que la persona pueda colocarse bajo custodia de ICE. Comunidades Seguras comenzó durante la administración Bush a finales de 2008 –pero en realidad no despegó hasta que el presidente Obama asumió su cargo. Como Secretaria del DHS, Napolitano aseguró que el programa se convirtiera obligatorio para todas las jurisdicciones. Hoy en día, más de 3,000 condados no han tenido otra opción que participar. Pero el programa está plagado de problemas
A pesar de que las órdenes de detención deben expirar después de dos días de trabajo, ello no siempre sucede. Estas órdenes de detención de cuarenta y ocho horas duran mucho más — incluso pueden durar meses. El costo de alimentar y albergar a los inmigrantes para quienes ICE ha solicitado una orden de detención son asumidos por la jurisdicción local, dejando a los condados que ya tienen problemas de liquidez la carga financiera de una solicitud federal. Y el tipo de delitos para quienes se emitió dicha orden de detención son casi siempre insignificante. Según los últimos datos preliminares revelados por TRAC, menos del 11 % de las personas para quienes se han expedido órdenes de detención de ICE representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. De hecho, la inmensa mayoría de las órdenes de detención de ICE se han emitido para personas que no han sido condenados de ningún delito.
El resultado en las comunidades de inmigrantes es suficientemente devastador, pero no es sólo los que no son ciudadanos quienes están siendo afectados directamente. A pesar de que las órdenes de detención emitidas están destinadas exclusivamente para los inmigrantes, la práctica se ha extendido también a ciudadanos. Sólo este año, Gerardo González, un ciudadano nacido en EUA, estuvo detenido bajo una orden de detención del ICE durante seis meses. Fue puesto en libertad sólo después de que entablara una demanda .
Aunque el nombre sugiere que Comunidades Seguras busca mantener segura a la gente, su efecto ha sido lo contrario. En el mejor de los casos, el programa busca la detención y deportación de inmigrantes que en su mayoría no han sido condenados por ningún delito y es costoso para los condados que aún se están recuperando de la recesión. En el peor, es un programa que ha violado la Constitución mediante la detención sin razón de ciudadanos, no por un día o dos, pero durante meses.
El Trust Act de California busca cambiar el curso de Comunidades Seguras. En la actualidad, las órdenes de detención de ICE no son órdenes emitidas por los jueces, pero solicitudes con normas arbitrarias. Bajo el Trust Act, los condados se negarán a retener a las personas para quienes órdenes de detención de ICE han sido emitidas, a menos que dicha persona haya sido condenada por un delito grave o violento, como el abuso de niños o un asesinato. Hace un año, cuando el Trust Act fue aprobado por los legisladores de California y presentado ante él, el gobernador Brown se negó a firmarlo. Su oficina aparentemente ha colaborado con los legisladores para diseñar una nueva versión que se adapta a los criterios de Brown, y se ha aprobado un nuevo proyecto de ley. Brown, sin embargo, hasta el momento no ha logrado firmar el proyecto de ley. No hay indicios sólidos de que quiera hacerlo o no. Mientras tanto, California sigue cooperando innecesariamente con Comunidades Seguras .
Como directora de DHS, Napolitano dio a Comunidades Seguras los dientes con que han separado familias. Pero ahora Napolitano dice que está apoyando el Trust Act, e incluso ha pedido a Brown que firme el proyecto de ley. Pero todavía tiene que hacer pública su declaración. Incluso si lo hace, sólo detendrá los efectos desastrosos en un estado de Comunidades Seguras. Si Napolitano realmente quiere empezar a reparar su legado en materia de inmigración y deportaciones, puede empezar apoyando públicamente el Trust Act y condenando públicamente el programa que trabajó tan duro para crear.
