Publicado en inglés en la revista The Nation bajo el título “A New Tactic in the Fight Against Corporate Money in Politics“. Traducido con autorización especial. Por Katrina vanden Heuvel.
En la era de Citizens United, con multimillonarios y las grandes empresas listos para comprar nuestras elecciones al por mayor, defender nuestra democracia exigirá todas las armas de nuestro arsenal. Afortunadamente, un funcionario electo local acaba de presentar una nueva.
La semana pasada, el contralor de Estado de Nueva York Thomas DiNapoli presentó una demanda en Delaware Chancery Court para forzar a la compañía de tecnología Qualcomm a que proporcione información acerca de sus donaciones políticas. Qualcomm, al igual que cerca de la mitad de todas las corporaciones de EUA, tiene como sede (en papel) el estado de Delaware. DiNapoli es el único fideicomisario del New York State Common Retirement Fund, un fondo de pensiones de los empleados públicos con un capital de US$378 millones en acciones de Qualcomm. Así que ha estado buscando la información sobre los gastos políticos de las empresas en que invierte el fondo. En los últimos dos años, el fondo ha presentado veintisiete resoluciones pro-revelación por los accionistas, concluyendo en arreglos on diez empresas. Qualcomm demostró ser más terca.
“En el caso de Qualcomm”, dijo DiNapoli, “teníamos una compañía que fue especialmente resistente a las solicitudes de divulgación como accionistas. No tienen una buen puntaje en relación a las otras empresas con respecto a este tema. Así que pensamos en probar una nueva táctica, que consiste en utilizar los privilegios que tenemos bajo las leyes de Delaware” para activar “un mecanismo que los accionistas pueden utilizar si están preocupados acerca de cómo una empresa está gastando su dinero”. Y añade que, si bien su demanda “puede ser una nueva estrategia, a raíz de Citizens United, existe una mayor preocupación acerca de a dónde va este dinero”.
Lo que DiNapoli está buscando es eminentemente razonable de esperar para cualquier accionista, sobre todo un encargado de salvaguardar la jubilación de más de un millón de trabajadores y retirados. “Cuando no se puede obtener acceso a esta información de manera voluntaria”, dijo DiNapoli, “ciertamente me parece ser una extensión lógica de lo que está previsto en una “‘books and records action’” dentro de la ley de Delaware. Otros coinciden: el ex Presidente del SEC Harvey Pitt, quien se desempeñó durante la presidencia de George W. Bush, dijo a The New York Times: “Yo no quiero predecir como va a fallar el tribunal de Delaware, pero cuando usted tiene un accionista muy grande y algo directamente relacionado con el gobierno corporativo, a mí me parece una circunstancia muy convincente … “.
La demanda contra Qualcomm también está apoyada por la lógica de la decisión de Citizens United. La opinión mayoritaria del juez Kennedy en ese caso, que abrió las compuertas a los dineros oscuros, expresó su confianza en que las empresas revelarían la mayor parte de ese gasto. Pero como señala DiNapoli, “no hemos visto que ese sea el caso con muchas empresas.”
Cualquier empresa que cotiza en bolsa que haga contribuciones políticas, dice DiNapoli, debe ser capaz de responder a los accionistas cuando preguntan: “¿Cómo aumenta ello el valor del dinero que hemos invertido con usted?” Pero, “muchas empresas realmente no están preparadas para responder adecuadamente a esa pregunta”. DiNapoli dice que investigación reciente sugiere que el gasto político está negativamente correlacionado con el éxito del negocio, y cita la reacción negativa por los consumidores y los medios de comunicación que enfrentó Target después de la noticia de que había contribuido a un PAC apoyando un candidato anti-gay a gobernador . “Una empresa que no está dispuesta a participar en la divulgación”, dice DiNapoli, “plantea una gran cantidad de preguntas en mi mente.”
Si bien el activismo de accionistas progresistas ha ido aumentando por años, DiNapoli dice que esta demanda por accionistas parece ser la primera de este tipo. De tener éxito, podría inspirar a otros a que sigan su ejemplo. Delaware (como Jonathan Chait señaló en su acusación clásica del Estado) no es un modelo de regulación corporativa progresista. Pero su ley ofrecía una apertura, y DiNapoli sabiamente la supo tomar. Espero que muchos otros, también lo hagan.
Para el movimiento pro democracia en EUA, las medidas del Contralor se producen en un momento de urgencia y oportunidad. Los grandes capitales no pudieron cambiar el curso de la elección presidencial, pero jugaron un papel clave en mantener la mayoría obstruccionista republicana de la Cámara. Más de 350 pueblos y ciudades han aprobado resoluciones pidiendo una enmienda constitucional para revocar la decisión Citizens United. Free Speech for People y Avaaz han lanzado una petición en el sitio web de la Casa Blanca para pedir al presidente Obama que “utilice el discurso del Estado de la Unión para pedir una enmienda constitucional para sacar las grandes sumas de dinero de la política”. El 19 de enero — vinculados al Día de Martin Luther King, el tercer aniversario de Citizens United, y la segunda inauguración del presidente Obama — activistas en sesenta ciudades celebrarán la jornada Money-Out/Voters-In (Dinero fuera/Votantes dentro) que exige una enmienda a favor de la democracia, la financiación pública para las elecciones públicas y una ampliación de los derechos de votantes.
La divulgación por sí sola no va a resolver el problema. Necesitamos un financiamiento público sólido de nuestras elecciones. Pero las campañas de divulgación ayudan a mitigar los daños y a alimentar el impulso para la reforma más amplia que tan desesperadamente necesitamos.
